Las plantas necesitan más medicinas y más rápido

El Congreso, por iniciativa de Ciudadanos, ha pedido al Gobierno una agencia única de evaluación de fitosanitarios para agilizar la aprobación de estos productos

ANÁLISIS AGRARIO JUAN QUINTANA

El Congreso ha aprobado una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a crear una agencia única de evaluación de productos fitosanitarios. Un mecanismo de acción política no vinculante, pero que permite al ejecutivo poner en marcha un proyecto legislativo con el apoyo de la Cámara Baja. Su objetivo es agilizar los trámites para acortar los plazos de registro, evaluación y autorización de estas sustancias. La clave de esta PNL es que da respuesta política a una antigua demanda del sector, bastante coherente, y que no es otra que unificar el sistema vigente del que forman parte el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En la actualidad, un modelo lento, poco operativo y que no por ello da mejores garantías. Prueba de ello es que mientras que en nuestro país se tarda de media en torno a seis años en registrar un nuevo producto, en otros países europeos como Francia, Alemania, Portugal o el saliente Reino Unido, no dedican a este menester más de cuatro.

Se trata de una iniciativa de Ciudadanos que fue criticada y votada en contra por Podemos, ERC y Grupo Mixto por entender que invade competencias regionales. Este argumento no parece muy sólido, ya que en la actualidad el proceso de autorización ya depende del gobierno central, en concreto de dos ministerios. Otra cosa es que las comunidades autónomas, una vez autorizado el producto, tengan capacidad de desarrollar determinadas iniciativas al respecto. En todo caso, unas competencias que en ningún caso deberían generar distorsiones del mercado y agravios entre los agricultores de unas y otras comunidades autónomas.

La presente situación regulatoria hace necesario este cambio, ya que desde Bruselas se ha limitado mucho el acceso a productos fitosanitarios y se continúa con esta tendencia. Esta escenario está dejando desabastecidos a los agricultores en determinadas situaciones, lo que supone un alto riesgo de pérdida de ingresos para el sector, e incluso de subida de los precios de los alimentos si las caídas de producción son sustanciales. Si bien es cierto que este último impacto podría verse muy amortiguado por tratarse de 'commodities', en todo caso es una enorme carga para nuestras explotaciones y un agravio comparativo con respecto a las de estados terceros.

Por otro lado, la limitación de productos favorece la generación de resistencias de las plantas, lo que supone un alto riesgo de aplicación de mayores dosis. Hay que recordar que los fitosanitarios son para las plantas lo que las medicinas para las personas, que deben ser seguras, eficaces y diversas.

Las autorizaciones excepcionales, que se aplican en condiciones críticas de cultivo, no dejan de ser un parche, que cada vez pierde más su excepcionalidad. Por tanto, estos problemas de déficit de producto deberían solucionarse con una mayor rapidez y agilidad. Su objetivo es poder poner en el mercado nuevas sustancias seguras, que contribuyan al éxito del Plan de Acción Nacional, cuyo objetivo no es otro que conseguir su uso sostenible.

Ahora la cuestión es saber si el gobierno actual está dispuesto a promover el cumplimiento de esta PNL poniendo en marcha este ambicioso proyecto. Esta voluntad política podría verse truncada por la falta de tiempo antes de la convocatoria de elecciones, en especial si se produjera un hipotético anticipo electoral. No obstante, con los datos de intención de voto que se manejan actualmente, la posible victoria de Ciudadanos no haría más que reforzar esta iniciativa, que no olvidemos, no necesitaría nuevas partidas presupuestarias sino una redistribución y reorganización de algunos recursos humanos ministeriales, así como la aprobación de nuevos procedimientos.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos