En España se come barato, ¿a costa de quién?

Sobre el papel es una muy buena referencia de cara al consumidor y, por tanto, para la economía nacional, ya que libera recursos para la adquisición de otros bienes y servicios. La cuestión es si responde a un modelo productivo altamente eficiente o si este bajo precio de los alimentos se obtiene a costa de la rentabilidad económica de las empresas de la cadena alimentaria. Sobre este asunto entramos en pleno debate sobre la justa retribución a todos los eslabones, en particular a los agricultores y ganaderos. En último término, quien fija el precio de los alimentos es el comercio, tanto la distribución como el pequeño comercio; aunque es indudable que son los primeros lo que marcan la pauta, ya que representan alrededor del 87% de la venta de alimentos en nuestro país.

Es cierto que el nivel de renta media en muchos de estos veinte países arriba mencionados es superior al español, lo que justificaría unos mayores costes de la cadena y unos precios más altos del producto final. Pero esto no sucede en todos, solo en trece de ellos. Además, el nivel salarial en España está en la media de la UE-28. Es decir, estamos más altos en el ranking salarial que en el de precios de alimentos. Por otro lado, el diferencial de renta no compensaría los costes extra de la agricultura y ganadería española. El agua es el mayor condicionante, y su escasez incrementa fuertemente los costes de alimentación animal y, sobre todo, de regadíos, tanto en agua como en energía. En España, más del 65% del valor de la producción agrícola proviene de los regadíos. Además del agua, el otro factor clave para la producción agraria es la luz y la temperatura, en lo que sin duda tenemos una importante ventaja. Sin embargo, es mucho menos condicionante, ya que sobre todo afecta a la actividad agrícola y, en este caso, se suple con la adecuada selección de cultivos y variedades para cada zona.

Desde hace años se intenta aclarar la evolución y repercusión de precios en la cadena. En España, en 2013 se aprobó la Ley de Cadena Alimentaria y se constituyó la Agencia de Información y Control Alimentario, para perseguir el fraude. En la Unión Europea, la Comisión creó a mediados de 2017, dentro de la Oficina de Estadística Eurostat, una herramienta de seguimiento de precios de los alimentos, para analizar y dar transparencia a la evolución de los precios agrícolas.

Ahora, en Francia, donde el índice de nivel de precios es 18 puntos más alto que en España, acaban de aprobar un proyecto de Ley para intentar fijar unos precios mínimos para los agricultores y ganaderos. Un planteamiento muy tentador para el agro. La cuestión es si se va a poder trasladar a una norma clara, operativa y que no conculque la libre competencia. No parece fácil. En el fondo, se trataría de acuerdos intersectoriales que garanticen una banda de estabilidad, algo deseado tanto para los productores como para la industria. Este planteamiento no es disparatado y de hecho ya se hace en algunas cadenas de distribución, que han llegado a este tipo de acuerdos de estabilidad con sus proveedores.