El coste de los seguros agrarios, en el punto de mira

Los seguros de los frutales son de los más afectados debido a la gran cantidad de capital que se asegura por hectárea./HOY
Los seguros de los frutales son de los más afectados debido a la gran cantidad de capital que se asegura por hectárea. / HOY

Las organizaciones profesionales creen que las nuevas subidas anulan la eficacia de las pólizas como garantes de la renta de los productores

Claudio Mateos
CLAUDIO MATEOSPlasencia

El coste de los seguros agrarios ha vuelto a ser el gran caballo de batalla de los productores en el final de año. El Consejo de Ministros aprobó a mediados de diciembre, la propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el 39 Plan de Seguros Agrarios Combinados, que mantiene en 211 millones de euros el presupuesto destinado a subvencionar el coste de las pólizas que contratan los agricultores y ganaderos.

Esta congelación presupuestaria supone en la práctica un encarecimiento de las pólizas tanto por el mayor número de seguros que se contratan como por los nuevos criterios de Agroseguro en virtud de los cuales muchos agricultores que hayan declarado siniestros en la última campaña van a perder sus bonificaciones de hasta un 10%. Además, se ha modificado al alza el nivel de riesgo de muchos productores bajo criterios que las organizaciones consideran poco transparentes y de dudosa objetividad.

Todo esto, según los productores, repercute en una menor calidad de las pólizas que se pueden permitir pagar, es decir, peores coberturas, lo que hace que los seguros agrarios acaben perdiendo la condición de «instrumento fundamental para garantizar la renta» que propugna el Ministerio de Agricultura.

La consecuencia es que se contratan peores pólizas, y en algunos casos incluso se prescinde de ellas

Unos días antes de la aprobación del Plan de Seguros Agrarios Combinados, la diputada del PSOE María Aurora Flórez registró en el Congreso de los Diputados una iniciativa para exigir al Gobierno que adopte medidas de cara a conseguir «una alta cobertura y una disminución del coste» de los seguros agrarios. Lo hizo a raíz de las reiteradas denuncias por parte de organizaciones profesionales ante el hecho de que los seguros para 2018 van a ser más caros, pero van a mantener las mismas coberturas.

Los agricultores y ganaderos extremeños disponen, además de las ayudas estatales, de una línea autonómica de ayudas para la contratación de seguros agrarios. Aun así, a juicio de Ignacio Huertas, secretario regional de UPA-UCE, no es suficiente. «Nosotros sí creemos que los seguros agrarios son un recurso de mantenimiento de la renta, y por eso debe haber un apoyo decidido tanto por medio de las subvenciones, para que los agricultores y ganadores puedan pagar las pólizas, como asegurándose de que no haya líneas que no tengan la cobertura que deberían tener, como está pasando ahora», apunta.

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Además, Huertas recuerda que el incremento del precio de las pólizas afecta de manera muy especial a los productores extremeños. «Aquí es más grave porque las pólizas que más se contratan son las más caras, con mucho capital asegurado por hectárea en explotaciones en las que el valor de la producción es más elevado, como por ejemplo la fruta o el tomate», afirma.

El secretario regional de UPA-UCE avisa además de que el encarecimiento pone en riesgo precisamente a los agricultores y ganaderos más vulnerables, ya que «habrá quien opte por no contratar seguros», algo que va en contra de las recomendaciones de todos los agentes del campo, pero que puede ser la única salida viable en determinados casos.

Son varias las organizaciones de productores que miran directamente a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), la institución dependiente del Ministerio de Agricultura que tiene la misión de fiscalizar a Agroseguro, el conglomerado de 22 compañías que cada año determina los costes de las pólizas. Consideran que el Estado no escruta con el suficiente detalle las cuentas que presenta Agroseguro, y eso le lleva a aprobar subidas en las pólizas que resultan excesivamente gravosas para los productores en relación a la realidad del mercado.

En este sentido, el Ministerio de Agricultura ha recordado la elevada siniestralidad que ha caracterizado el año 2017, y estima que las indemnizaciones abonadas a los productores a través el seguro agrario van a superar en toda España los 700 millones de euros, de los cuales alrededor de 250 son debidas a las pérdidas ocasionadas por la sequía. Asegura además que se ha respondido con eficacia, agilizando tanto las peritaciones como el pago de las indemnizaciones «en un corto espacio de tiempo tras la tasación».

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