Suspendido el juicio al plantear la defensa la falta de legitimación de la letrada de Caval

El presidente del tribunal ha dicho que esta cuestión será resuelta en un auto que se dictará la próxima semana. Ese día se sabrá si participará en el juicio la abogada de los cooperativistas o será apartada. Entonces se conocerá la nueva fecha de señalamiento para la celebración del juicio.

La acusación particular personada en el proceso penal abierto contra los gestores de la cooperativa hortofrutícola Caval, que entró en concurso de acreedores en 2011 debido a una deuda superior a los 25 millones de euros, espera una sentencia ejemplar por el "daño brutal" causado a la zona de Valdelacalzada (Badajoz).

La vista ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz con los interrogatorios de los tres acusados: el exgerente de la cooperativa Caval, Manuel García; el exdirector comercial, Manuel Corrales; y la mujer de éste, María Teixeira, por distintos delitos.

En el caso de García, el principal acusado, por los delitos de falseamiento de cuentas, administración desleal, contra la Hacienda pública, fraude en subvenciones, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, varios de ellos continuados.

El fiscal pide 19 años de prisión para García que la acusación particular en nombre de los cooperativistas eleva a 33 años.

Las multas y las indemnizaciones que reclaman para García suman cantidades millonarias. La acusación particular pide 21 millones en concepto de responsabilidad civil.

El exdirector, por su parte, está acusado de delitos de administración desleal y apropiación indebida, mientras que su mujer está imputada por uno de apropiación indebida.

En el caso de Corrales, el fiscal solicita 7 años de cárcel y la acusación 10, mientras que para su mujer reclaman tres y seis años de prisión, respectivamente.

En declaraciones a Efe, la letrada de la acusación particular, Rosalía Perera, ha señalado que por la "ruina" que se ha provocado en la comarca y por el momento social que vive España, espera que la sentencia sea modélica.

Informes de la Agencia Tributaria

La acusación particular ha propuesto pocos testigos, al contrario que la defensa, y se apoyará en los "aplastantes" informes, "la verdad objetiva", de la Agencia Tributaria, de la administración concursal y del perito judicial, ha apuntado.

Asimismo, usará la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que condenó a García, la que califica de "culpable" el concurso de acreedores y la de los bancos, en la que se habla de que la contabilidad está manipulada para dar una apariencia de una "prosperidad" que no era tal, ha apuntado.

Paralelamente, el proceso de liquidación de la sociedad cooperativa está pendiente de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo.

Sus instalaciones llevan varios años arrendadas a Explum, una nueva cooperativa que nació con muchos de los socios de la antigua Caval.

La administración concursal presentó un recurso de casación, al que se adhirió la cooperativa, porque consideraba que las operaciones de refinanciación que se formalizaron con los bancos en 2010 eran contrarias a la ley y se hicieron en perjuicio de la sociedad hortofrutícola.

El abogado de la cooperativa en el proceso mercantil, Pedro Antonio Pérez, señala que el recurso está en una fase previa de admisión, en la que decide si se acepta o no sin entrar en el fondo de la cuestión.

En caso de prosperar, el juicio podría celebrarse en uno o dos años a partir de ese momento, según ha estimado el letrado.

Además, la Audiencia Provincial debe resolver el recurso de apelación presentado por el exgerente de la sociedad contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz que le inhabilitó como administrador durante diez años.

También le condenó a la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor y "a pagar los créditos concursales y contra la masa que los acreedores no cobren en la fase de liquidación de la sociedad", según la sentencia.

Los problemas económicos de Caval, una de las más cooperativas más importantes del sector en Extremadura, que contaba con cerca de 200 socios, afloraron en 2009 y en el año 2011, después de fracasar el plan de refinanciación, entró en concurso de acreedores.