Aprobado el plan de transformación en regadío de 1.200 hectáreas en Monterrubio de la Serena

Aprobado el plan de transformación en regadío de 1.200 hectáreas en Monterrubio de la Serena

EUROPA PRESS

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se establece el Plan General de Transformación en Regadío de 1.200 hectáreas en Monterrubio de La Serena (Badajoz), declaradas como Zona Regable Singular de Extremadura.

Tras haber sido redactada la versión inicial del Plan General de Transformación en Regadío, así como su estudio ambiental estratégico, ambos documentos fueron sometidos a información pública y a consultas durante un periodo de tiempo de veintitrés días hábiles, de acuerdo con la legislación en vigor.

Posteriormente la Dirección General de Medio Ambiente formuló la declaración ambiental estratégica de este plan de regadío, que supuso el trámite final previo a su aprobación. La declaración ambiental estratégica considera que el plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente de la región, según se recoge en una resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado 11 de abril.

Con el fin de dar cumplimiento a la normativa, se incorpora en este decreto un extracto que incluye, entre otros aspectos, la integración en el Plan de los aspectos ambientales; cómo se han tomado en consideración en el Plan el estudio ambiental estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas, así como, en su caso, las discrepancias que hubieran podido surgir en el proceso; la justificación de la alternativa seleccionada y las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos del Plan en el medio ambiente.

El objeto de la transformación en regadío de esta zona de la comarca de La Serena es establecer riegos de apoyo, preferentemente al cultivo del olivar existente, para estabilizar las producciones y, a su vez, orientados a otros cultivos leñosos con necesidades de riego similares al primer cultivo, diversificando así las producciones y contribuyendo al mantenimiento de la población rural, así como a garantizar la rentabilidad de las explotaciones.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha recordado que la inversión total de este proyecto asciende a 17,4 millones.

El objetivo de la puesta en regadío de hectáreas en ésta y otras iniciativas es contribuir a la mejora de los niveles de renta de los agricultores, aumentando y asegurando la producción, además de contribuir al desarrollo de la industria agroalimentaria.

Subvenciones a organizaciones profesionales

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a las organizaciones profesionales agrarias más representativas implantadas en la región, en proporción a la representación que les corresponda en el Consejo Asesor Agrario y Rural de Extremadura. Para ello, la Junta de Extremadura aportará 500.000 euros.

En virtud del decreto aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno, podrán ser beneficiarias de estas ayudas las organizaciones profesionales agrarias más representativas que hayan obtenido, al menos, un quince por ciento de los votos válidos emitidos en el procedimiento electoral en Extremadura.

Las últimas elecciones al campo extremeño se celebraron el 12 de marzo de 2017 y las organizaciones más representativas y, por tanto, beneficiarias de estas ayudas, son ASAJA y UPA-UCE.

Las ayudas que se adjudicarán serán el producto resultante de aplicar los porcentajes de representación obtenidos a la cantidad total presupuestada, de modo que ASAJA, con un 55,51 por ciento, percibirá 277.550 euros; y UPA-UCE, con 44,49 por ciento, percibirá 222.450 euros.

Según se contempla en el decreto, serán gastos subvencionables los realizados por cada una de las organizaciones agrarias para su funcionamiento técnico y administrativo que se realicen en 2018.

Entre esos gastos se encuentran los de personal, arrendamientos e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de centros u oficinas de cada organización radicados en Extremadura; electricidad, agua y teléfono; así como los gastos de representación e interlocución ante organismos oficiales, certámenes oficiales y ferias oficiales.

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