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ALEJANDRO CALERO
Viernes, 26 de diciembre 2014, 09:34
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don benito. Dos meses después de que se iniciaran las protestas contra lo que organizaciones agrarias (en especial UPA-UCE) calificaban como una «comarcalización injusta», el Ministerio de Agricultura ha decidido que, con la reforma de la Política Agraria Común que entrará en vigor el 1 de enero, las tierras de regadío de Miajadas, Escurial, Campo Lugar, Alcollarín, Madrigalejo, Navalvillar de Pela y Almoharín queden en la comarca agrícola 21 y fuera de la región que encabeza Don Benito, que se sitúa en un estrato superior, el 22.
Precisamente esto es lo que reflejaba el primer borrador entregado por la Junta de Extremadura al Ejecutivo nacional y que provocó las reivindicaciones de los agricultores de estos siete pueblos. Al final, el BOE del pasado sábado 20 de diciembre confirmó la decisión, a pesar de que la Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad la petición de instar al Gobierno a que estudiara la posibilidad de mantener a Miajadas y los otros municipios junto a Don Benito, tal y como viene ocurriendo desde 1992.
Para visibilizar sus reclamaciones, UPA-UCE ha llevado a cabo movilizaciones. El pasado 5 de noviembre los trabajadores del campo iniciaron una marcha a pie desde Miajadas hasta Mérida (dividida en tres etapas) que fue secundada por medio millar de personas. También, a comienzos de diciembre, organizaron una tractorada con el mismo trayecto en la que participaron 200 vehículos agrícolas.
Más protestas
«No descartamos más movilizaciones y creemos que esta injusticia se tiene que reparar. Mientras haya agricultores que nos apoyen, seguiremos peleando», indica José Cruz, secretario de Agricultura y Acción Sindical de UPA-UCE. En este sentido, la organización agraria sostiene que establecer una frontera en el límite de la provincia cuando las tierras tienen los mismos rendimientos «es una injusticia histórica porque discrimina a los productores por criterios muy alejados de lo agronómico».
Entre las consecuencias negativas que destacan está la reducción de las cuantías (estiman unos 100 euros por hectárea), una mayor dificultad para rotar los cultivos o más complejidad para tramitar las ayudas. Además, Cruz pide explicaciones al gobierno regional ya que, según dice, «los aciertos o los fracasos dependen de quienes han hecho las negociaciones». Considera que el consejero de Agricultura «ha faltado al compromiso que adquirió con las organizaciones» y cree que su reacción fue tardía al estar «negando una evidencia».
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