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Expertos piden rigor en la aplicación de la ley de prevención de incendios

De 2,8 millones de hectáreas forestales de Extremadura, algo más de 2,6 son privadas. :: hoy
De 2,8 millones de hectáreas forestales de Extremadura, algo más de 2,6 son privadas. :: hoy
  • Empresarios forestales consideran que la modificación prevista por la Junta premiará a los incumplidores y castigará a los contribuyentes

La prevención eficaz de los incendios pasa por el cumplimiento de lo legalmente establecido y Extremadura cuenta para ello con una buena Ley, la elaborada en el 2004 tras los grandes incendios del verano de 2003. En el artículo 36 de ese texto se establece que «los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos y explotaciones forestales, tanto públicos como privados, deberán disponer de un instrumento de gestión preventiva», que es un plan de prevención de incendios forestales. Se dicta también que son los dueños de los terrenos, tanto los particulares como la administración forestal, quienes deben adoptar medidas reglamentarias para minimizar el riesgo de incendios, manteniendo el monte y las instalaciones de la explotación con las condiciones necesarias para evitar tanto su inicio como propagación.

El problema está, según se apunta desde Aeefor, la Asociación Extremeña de Empresarios Forestales, en que esa ley no se cumple. «El pasado verano, en el polémico incendio de la Garganta de los Infiernos, pudimos comprobar que ni existía plan de prevención en aquellos montes, que finalmente ardieron sin control durante más de diez días, ni nadie de la consejería competente se sintió en la obligación de dar explicaciones públicas por tan grave incumplimiento legal», indica Francisco Castañares, presidente de Aeefor.

En este sentido, estos expertos consideran incongruente que la Junta de Extremadura anuncie que quiere modificar el artículo 38 de la Ley de 2004, que establece que la administración puede actuar subsidiariamente si se incumplen las obligaciones ya señaladas del artículo 36 y cargar el coste de los trabajos de prevención realizados a los propietarios que por cuenta propia no lo hayan hecho.

«Lo que la administración forestal está planteando es una modificación de ese artículo para poder entrar en los montes privados para realizar, gratuitamente y sin cargo alguno para sus propietarios, los trabajos de prevención que no realicen en el interior de los mismos», apuntan. Consideran que la pretendida modificación, además de innecesaria, es una huida hacia adelante y que si se realiza hará todavía más difícil la prevención.

«Premiará a los incumplidores en lugar de sancionarles y su consecuencia será que quienes sí cumplen, que son buena parte de los propietarios de montes privados, dejen de hacerlo».

Consideran que será así porque la reforma legal establecerá que, si no lo hacen, se lo hará gratis la autoridad forestal, sin privarles además de seguir aprovechando el beneficio de sus explotaciones y pasando los gastos a los contribuyentes. Los expertos consultados están convencidos de que, si paga la administración y es gratis total, ningún propietario invertirá un solo euro en prevención de incendios.

De las 2,8 millones de hectáreas forestales de Extremadura, algo más de 2,6 son privadas «y es inaudito que la administración pretenda asumir los gastos de todo ese terreno si no tiene recursos para las 183.000 hectáreas de 174 Montes de Utilidad Pública que gestiona. Necesitaría gastar en prevención la práctica totalidad del presupuesto de la consejería de Desarrollo Rural y eso es absolutamente inasumible».