Agricultura pagará más por los animales enfermos sacrificados

El incremento de estas cuantías es una reivindicaciones que desde hace años vienen manteniendo las asociaciones de productores, especialmente los de las zonas con mayor incidencia de la enfermedad. Las cantidades que se asignan en la actualidad son las que se fijaron en el Real Decreto 389/2011 de 18 de marzo, y varían en función de la edad del animal sacrificado, así como si se destina a la producción de carne o de leche. Así, por cada ejemplar de vacuno se pagan entre 147 y 907 euros, y por cada uno de ovino o caprino entre 45 y 96. El baremo que se aplica es el 75% de estas cantidades con carácter general y del 100% en los casos de vaciado sanitario. Para los animales objeto de decomiso total se contemplan además algunos incrementos.

Como complemento a estas indemnizaciones estatales, la Junta de Extremadura ayudas para reponer las explotaciones afectadas por tuberculosis recuperó el pasado mayo las, concretamente para aquellos ganaderos que, tras detectar algún caso, deciden el vaciado sanitario de sus explotaciones, es decir, el sacrificio de todos los animales y la desinfección completa de las instalaciones.

La convocatoria tiene una partida total de 300.000 euros para este año 2016 , y el importe máximo de la ayuda es de 30.000 euros por explotación .

Protestas de los ganaderos

Los productores, sin embargo, no están ni mucho menos satisfechos con la situación. La organización Asaja Extremadura ya protagonizó junto a UPA-UCE una sonada protesta en la última edición de la Feria Agroganadera de Trujillo en presencia de la consejera de Políticas Agrarias, quien entonces respondió diciendo que las indemnizaciones por sacrificio vienen fijadas por el Ministerio, y que lo que la Junta de Extremadura ha hecho ha sido negociar con varias entidades bancarias el adelanto del dinero a los productores «a interés cero».

En opinión de UPA-UCE, las cuantías son «insuficientes», sobre todo en «los decomisados parciales de animales de siete años en adelante», y reclama a las administraciones que agilicen al máximo los pagos de las indemnizaciones para que el perjuicio al ganadero sea el menor posible. Esta organización cree además necesario que se invierta más en la investigación de técnicas y procedimientos de prevención de la tuberculosis.

Pero si bien elevar la cuantía de las indemnizaciones es una reivindicación de los ganaderos, que las consideran «ridículas», sus exigencias van más allá. De hecho, Asaja advirtió a finales de noviembre de que habrá «unas Navidades calientes» si no se retoma de forma inminente el diálogo entre la administración regional y las organizaciones agrarias sobre la tuberculosis. El presidente de Asaja, Ángel García Blanco, criticó tanto la gestión que la Junta está llevando a cabo de este problema como los datos de incidencia de la enfermedad que ha hecho públicos. Según la Consejería de Políticas Agrarias, la enfermedad ha pasado de afectar al 10,4% a tan solo el 3,77% de las explotaciones tras la última campaña de saneamiento llevada acabo entre febrero de este año y los meses de verano. La postura de Asaja es que esos datos no se ajustan a la realidad, que es cambiante, ya que aunque una explotación esté saneada y se la elimine de las estadísticas, el riesgo de infección continúa y volverá a tener algún animal enfermo si no se ataja el factor de transmisión, que según apuntó el dirigente agrario «es la fauna salvaje, como lo demuestra que la incidencia de la enfermedad sea superior en la zonas de caza mayor».

El director general de Agricultura y Ganadería de la Junta, Antonio Cabezas, fue quien dio el pasado mes de octubre el dato del 3,77% de incidencia durante una jornada sobre la tuberculosis bovina celebrada en Mérida con cerca de 400 asistentes entre ganaderos, veterinarios, investigadores y miembros de la administración. Cabezas dijo en ese foro que la evolución de la enfermedad «es positiva, pero hay que seguir mejorando», y destacó el aumento de los medios de los que el sector dispone hoy en día para luchar contra ella, tanto en forma de programas sanitarios e indemnizaciones a los productores, como en ayudas a la repoblación de las explotaciones que han sufrido un vaciado sanitario o la creación de cebaderos comunitarios.

Mejorar los protocolos

La posición de Asaja es también discrepante en esos aspectos. De hecho, una de sus reclamaciones es que el Ministerio de Agricultura modifique los protocolos de actuación cuando se detecta algún caso de tuberculosis, y que en su opinión «no se puede quitar la calificación de ganadera a una explotación por un solo positivo». A la Junta le reclaman por su parte que elimine la prueba de los ganglios, o al menos que no tenga la consideración de definitiva, así como que permita las batidas controladas de jabalíes y ciervos. También que los rebaños no sean sometidos a saneamientos continuos, ya que de lo contrario las vacas «se estresan y abortan».

Las cantidades que el Ministerio de Agricultura destina a los programas de vigilancia, control y erradicación de enfermedades de los animales, donde se incluyen las indemnizaciones por sacrificio obligatorio, se fijan en las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas que se llevan a cabo varias veces al año. En la última, celebrada en octubre, se destinaron a este fin 6,94 millones de euros, de los que 479.842 euros corresponden a Extremadura.

El pasado mes de septiembre Asaja y UPA-UCE acordaron un calendario de movilizaciones ante lo que denominan un «grave problema de sanidad animal que está arruinando a las ganaderías extremeñas». «No podemos aguantar más y las administraciones miran hacia otro lado», se lamentó el responsable de ganadería de UPA, Antonio Prieto, en la víspera de la protesta que ambas organizaciones protagonizaron en la Agroganadera de Trujillo.