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Convocan ayudas para expandir las cooperativas

Trabajadores de la central frutícola de la cooperativa San Isidro en Villafranca de los Barros. :: hoy
Trabajadores de la central frutícola de la cooperativa San Isidro en Villafranca de los Barros. :: hoy

    El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de octubre un real decreto con las bases que regularán la concesión de ayudas para impulsar la creación de organizaciones de productores de carácter supraautonómico es decir, cooperativas de las que formen parte explotaciones agrarias de diferentes regiones.

    El volumen mínimo de comercialización para poder optar a estas ayudas será de un millón de euros, y las subvenciones serán de un máximo de 100.000 euros el primer año, 90.000 el segundo, 81.000 el tercero, 72.900 el cuarto y 65.610 el quinto. El plazo de presentación será el que se establezca en la convocatoria que se publicará próximamente.

    El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) se marca como principal objetivo de estas ayudas «mejorar la competitividad de los productores primarios». Se trata de desarrollar una medida que viene contemplada en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 que fue presentado por España ante la Comisión Europea. El ministerio cree que, además de impulsar la competitividad, servirá para «fomentar la transferencia de conocimiento y mejorar el comportamiento ambiental de la agricultura».

    El real decreto detalla además que «lo que se pretende es construir agrupaciones amplias que abarquen la mayor superficie posible de territorio capaces de situar al sector productivo español en posición de competir en el entorno europeo, en igualdad de condiciones». De hecho, cuantas más comunidades abarque la organización de productores solicitante y mayor sea el valor de la producción comercializada, más puntos tendrá en la baremación de las ayudas. También puntuará al alza el número de explotaciones que integren la organización.

    El marco reglamentario en el que se encuadran estas nuevas ayudas es doble. Por una parte, el relativo al fomento del desarrollo rural, el cual contempla como una de las prioridades de la Unión Europea la creación de agrupaciones y organizaciones de productores. Por otro, atiende al reglamento por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios (OCMA).

    El ministerio considera que las organizaciones de productores y las asociaciones que las engloban pueden desempeñar «una función muy útil en la concentración de la oferta y en la mejora de la comercialización y planificación, así como para adaptar la producción a la demanda, optimizar los costes de producción y estabilizar los precios». Cree además que dar facilidades para crear estas organizaciones favorece «que se lleven a cabo investigaciones, fomentar las prácticas correctas y prestar asistencia técnica, así como gestionar los productos derivados y administrar los instrumentos de gestión de riesgo». En definitiva, para el Ministerio se trata de «fortalecer la posición de los productores en la cadena alimentaria».

    Una vez publicadas las bases reguladoras, el siguiente paso será sacar las convocatorias de las ayudas. El ministerio ha dicho que, debido a las diferencias que existen entre los sectores agrarios, estas convocatorias podrán ser específicas para cada uno de esos sectores, siempre que cuenten con regulación nacional.

    Las ayudas se van a pagar con cargo al Programa Nacional de Desarrollo Rural, que está financiado al 80% por la Unión Europea con cargo al Feader. El 20% restante lo aporta España por medio del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

    Las bases aprobadas por el Consejo de Ministros establecen algunas exclusiones. No podrán optar a las ayudas las organizaciones de productores que hayan sido reconocidas oficialmente más de un año antes de la aprobación del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, que vio la luz el 26 de mayo de 2015. Tampoco las que no se ajusten a la definición de pyme que hace la Comisión Europea (recomendación 2003/361/CE), ni las que tengan la consideración de empresa en crisis según la definición de las directrices comunitarias.

    Será obligatorio presentar un plan empresarial de al menos cinco anualidades, en cada una de las cuales el volumen mínimo de comercialización previsto tendrá que ser de un millón de euros. Las cuantías máximas de las ayuda mencionadas más arriba estarán condicionadas a que no superen el 10% del valor de la producción comercializada. Además, para poder percibir el 100% de la ayuda se exigirá un grado de cumplimiento de al menos el 80% del plan empresarial presentado con la solicitud. Si el grado de cumplimento es inferior al 50% no se abonará ninguna cantidad, y si es de entre el 50 y el 80% la ayuda se reducirá de manera proporcional.