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POLÍTICA ENERGÉTICA ALFANUMÉRICA

En cuestiones energéticas el gobierno actual, en funciones, ha tomado decisiones a machamartillo. Lo hemos podido ver en la regulación de tarifa eléctrica, que llevó al cierre de las plantas de cogeneración de purines, y ahora se repite para los objetivos de uso obligatorio de biocarburantes, cuya reducción pilló por sorpresa al sector. En ambos casos el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha defendido una mayor flexibilidad y una aproximación a la posición argumentada por el propio sector. Sin embargo, el Ministerio de Energía, Industria y Turismo (MINETUR) no ha cedido un ápice y ha aplicado su criterio macroeconómico sin ninguna consideración de carácter microeconómico y social; y lo que es peor, lo ha aplicado de manera inmediata dejando a las empresas poca o ninguna capacidad de adaptarse.

Si algo hemos aprendido de nuestra pertenencia a la Unión Europea es que las decisiones económicas y políticas se pueden acompasar con el ritmo de reajuste de las empresas. En el caso de la cogeneración faltaron periodos transitorios, lo que dejó vendido al tejido empresarial, al capital extranjero que había invertido dentro de un marco regulatorio supuestamente estable, y al propio sector ganadero, con ingentes cantidades de purines sin salida. En el caso de los biocarburantes el tema es muy diferente. El sector da por bueno el objetivo 2020 de incorporación obligatoria de un 8,5%, y que haya una ruta para conseguirlo. Lo que demandan son objetivos anuales más ambiciosos si se quiere alcanzar el objetivo establecido. De manera unilateral el MINETUR ha reducido para 2016 el objetivo del 5% previsto al 4,3%, lo que nos aleja de la media europea y ralentiza los logros medioambientales perseguidos. Llama la atención cómo en la última legislatura las energías alternativas están sufriendo un frenazo muy importante, ante una política básicamente alfanumérica, condicionada por la necesidad de drásticos ajustes macroeconómicos.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha manifestado su disgusto por este cambio de última hora, en contra de la opinión de la propia Comisión de Nacional de Mercados y la Competencia, del Consejo de Estado, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, e incluso, de la propia Secretaría de Estado de Medioambiente. Desde esta organización se recuerda que esta reducción nos sitúa un 30% por debajo de la obligación media de incorporación de biocarburantes de la UE para este año, que se sitúa en el 6% Además, han manifestado su descontento por la agregación de los objetivos del bioetanol y el biodiesel, que puede perjudicar mucho al primero de ellos.

Los objetivos para 2020 son los mismos que ya se consiguieron en 2012, antes del cambio regulatorio. Por tanto, ocho años después y si se cumple la hoja de ruta, solo habríamos logrado la recuperación, en ningún caso un crecimiento desmedido.

La contribución al PIB del sector del biodiesel y el bioetanol es reducida, algo más de 417 millones de euros en 2014, un 73,7% imputable al biodiesel, y el resto al bioetanol. En el caso del biodiesel, el crecimiento de más del 40% se ha debido al aumento en la producción y consumo interno. El bioetanol, con una reducción que superó el 17%, ha perdido potencia por la caída de precios, ya que producción y venta se mantuvieron constantes. En 2015 se prevé un cierto cambio de tendencias, a pesar de que las estimaciones de la propia APPA apuntan a un consumo de biocarburantes similar al de 2014. La diferencia es que a nivel de producción, para el biodiesel se estima un descenso del 5%, y un incremento del 5-10% en el caso del bioetanol, lo que globalmente puede suponer una cierta reducción de la producción.

Desde la perspectiva agraria esta minoración en los objetivos nacionales, afecta fundamentalmente a los productores de cereal, ya que en torno al 45% del bioetanol proviene de materia prima nacional, y el 15% en el caso del biodiesel.