UPA-UCE denuncia falta de información sobre la PAC al sector del viñedo

Este nuevo sistema ya contó con el rechazo de UPA-UCE por la pérdida patrimonial que supone la desaparición de los derechos de plantación, la imposibilidad de la transferencia de las autorizaciones entre viticultores y «el escaso período de validez de dichas autorizaciones» (tres años). Esto significa que las viñas que sean arrancadas a partir del 1 de enero de 2016 ya no generarán derechos de plantación, sino «autorizaciones administrativas», que si el titular no las utiliza en un plazo máximo de tres años (sin posibilidad de ser transferidas a otro viticultor), según explicó, las perdería el agricultor y la comunidad autónoma.

Por ello, UPA-UCE Extremadura reclamó que se articulen mecanismos para que el agricultor no pierda su patrimonio y la región mantenga «su potencial productivo en el sector vitivinícola» actual.

Además, a partir del 1 de enero de 2016 las autorizaciones se podrán obtener de tres formas diferentes, por conversión de los derechos de plantación, por nueva plantación (posibilidad que otorga el reglamento europeo de la OCM única, con un cupo del uno por ciento anual sobre la superficie plantada de cada país), y por arranque de una plantación previa.