Bogotá, 10 ago (EFE).- La iniciativa uruguaya de legalizar la marihuana y encargar al Estado la producción y comercialización de la sustancia ilícita más consumida en el mundo no ha tenido apoyo en otros países de América Latina, pese al reconocimiento general de la necesidad de replantear la lucha contra las drogas.
El Gobierno de Uruguay envió esta semana al Parlamento un polémico proyecto de ley que, de ser aprobado, hará del pequeño país latinoamericano el primero del mundo en el que el Estado será productor y vendedor de marihuana con el fin declarado de disminuir el avance de la delincuencia y arrebatar el negocio al narcotráfico.
Según el "Informe Mundial sobre las Drogas 2012" de la ONU, en el mundo hay entre 119 millones y 224 millones de consumidores de cannabis.
El informe no da una cifra global de consumidores en América, pero sí porcentajes de consumo entre población adulta.
Estados Unidos, Canadá y Uruguay aparecen en los primeros puestos de la tabla con un 14,1, un 12,7 y un 5,6 %, respectivamente.
Ningún país americano está por ahora dispuesto a seguir el ejemplo uruguayo, aunque sí hay iniciativas para despenalizar las drogas como la planteada a nivel internacional por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que ha aplaudido la decisión del presidente José Mujica, aunque sin anunciar medidas similares.
"Tarde o temprano el mundo tendrá que debatir otras alternativas para combatir a las organizaciones criminales" por el daño que causan a la humanidad "tanto por la venta de drogas, como por las muertes que generan", dijo Francisco Cuevas, portavoz de la Presidencia de Guatemala, en junio pasado.
En Chile, esta misma semana los senadores opositores Fulvio Rossi y Ricardo Lagos Weber presentaron un proyecto de ley que plantea la legalización del cultivo de marihuana para consumo personal y con fines terapéuticos, además de despenalizar el porte de pequeñas cantidades para uso individual.
También ha llegado este año al Parlamento argentino un proyecto de ley para despenalizar la tenencia de drogas para consumo privado, del que es promotor Aníbal Fernández, exjefe del gabinete del Gobierno peronista de Cristina Fernández.
La Corte Suprema de Justicia argentina declaró inconstitucional en 2009 el castigo del consumo de marihuana en adultos siempre que se realice en privado y no implique riesgos para terceros, pero la legislación vigente en ese país castiga con prisión de uno a seis años y multa la tenencia de drogas.
Sin embargo, la pena se reduce de un mes a dos años de cárcel en los casos en los que se considere que el estupefaciente era destinado al uso personal.
Desde 2006 está vigente en Venezuela una norma que prohíbe la tenencia de cualquier tipo y cantidad de droga, aunque contempla la posibilidad del consumo personal.
Para el ministro del Interior venezolano, Tareck el Aissami, legalizar la marihuana como pretende Uruguay es una "trampa".
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opina que las medidas unilaterales, como la de Uruguay, difícilmente van a solucionar problemas que exigen esfuerzos internacionales.
En Colombia está prohibido el porte y consumo de drogas superior a la dosis mínima (máximo 1 gramo de cocaína y 20 gramos de marihuana).
En Estados Unidos, donde se desmantelaron 157 laboratorios de cannabis en 2009 y 2010 según la ONU, la "maría" es un estupefaciente ilegal a nivel federal, aunque más de una decena de Estados permiten su uso con prescripción médica.
En 2010, en California se sometió a referéndum la legalización de esa droga pero ganó el "no".
El debate sobre la despenalización del consumo de marihuana es un tema recurrente en Brasil, donde al menos millón y medio de personas consume diariamente cannabis, según un reciente estudio.
En la actualidad están penalizadas todas las drogas en Brasil, aunque una ley de 2006 evita que los consumidores sean recluidos en prisiones y prevé penas alternativas para el porte de pequeñas dosis y el cultivo para consumo propio.
Paraguay, uno de los principales productores de marihuana en el continente según datos de Estados Unidos, penaliza la tenencia de drogas y no han prosperado intentos de cambiar la legislación, como el que propuso en 2009 el diputado Elvis Balbuena.
El Congreso mexicano despenalizó en 2009 el consumo personal de drogas, con lo que se permite la posesión de hasta cinco gramos de marihuana y cantidades mínimas de otros estupefacientes.
En el caso de Ecuador la tenencia para uso personal es castigada con un mes a dos años de prisión y la comercialización de cualquier estupefaciente es sancionada con penas de 12 a 16 años de reclusión, pero actualmente un proyecto pretende la despenalización del consumo de drogas hasta ciertos volúmenes en posesión.
En lo que a Perú se refiere, la posesión de marihuana es castigada con una pena de cárcel de entre dos y ocho años en caso de no superar los 200 gramos, y el consumo de cantidades mínimas no tiene sanción, mientras que en Bolivia está prohibida la tenencia y el comercio de drogas, con penas que van de 10 a 25 años.
En Cuba, donde la mayor parte de la droga incautada es marihuana, la pena para ese delito va de 15 años de cárcel a cadena perpetua.
República Dominicana castiga el consumo, porte y comercialización de droga, aunque sea en pequeña cantidad, al igual que Panamá.
De igual forma, el Código Penal de Nicaragua establece que el porte de entre 5 y 20 gramos de marihuana se sanciona con prisión de seis meses a 3 años, y de 50 a 100 días de multa, y al superar esa cantidad la pena será de entre 3 y 8 años de encarcelamiento y de 100 a 800 días de multa.
En Guatemala la producción, tenencia, comercialización y consumo de marihuana puede significar una pena de hasta 30 años de cárcel, en Honduras entre 15 y 20 años y en El Salvador de hasta 90 años, mientras en Costa Rica tan solo se permite el consumo personal. EFE
