Dos hijos de Ruiz Mateos a la salida del Juzgado | PAKOPÍ
Una citación que no llegó correctamente ha provocado esta mañana la suspensión del juicio de los administradores concursales que llevan ahora Carcesa contra la familia Ruiz Mateos, anterior gestora de esta empresa agroalimentaria. La finalidad de la vista, a celebrar hoy en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz, era pedir medidas cautelares a través de embargos de bienes mientras se averigua qué ha pasado con 54 millones de euros.
Según explicó hace unas horas Emilio González Bilbao, abogado y administrador concursal de Carcesa, esta cantidad había salido mediante disposiciones en efectivo a través del Banco Echeverría. Por eso, los técnicos que se hicieron cargo de esta industria situada en Mérida quieren pedir responsabilidades a los administradores sociales y a los administradores de hecho anteriores, que son el padre del clan Ruiz Mateos, José María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada y también los seis hijos varones, todos los cuales se han personado esta mañana en el juzgado pacense.
Sin embargo, un primo de ellos, Zoilo Pazos Jiménez, que ejerce de administrador social, no ha comparecido, según el abogado defensor de la familia porque la citación no le había llegado a su domicilio. Desde esta mañana la jueza que lleva el caso ha comunicado a los seis hermanos que Pazos Jiménez debe comparecer el próximo día 20 de marzo, fecha en la que se reanudarán las pesquisas judiciales.
Además, González Bilbao se refirió a otros casi diez millones de euros que han salido de la empresa s través de diversos cheques al portador, otra cantidad que no ha sido objeto de reclamación de momento, pero que lo será durante la calificación, dijo esta mañana el administrador concursal, uno de los cuatro que está poniendo en orden las cuentas de Carcesa.
Lo que se iba a celebrar de juicio, a puerta cerrada, nació por la demanda interpuesta por los administradores concursales de Carnes y Conservas Españolas (Carcesa) , que ha pedido el embargo cautelar de los bienes de la familia para cubrir el déficit patrimonial de Carcesa, que fue propiedad de la familia y que asciende a unos 60 millones de euros.
Los administradores concursales buscan cubrir el déficit patrimonial de la compañía, que se encuentra en concurso de acreedores desde marzo del pasado año, con un 'agujero' patrimonial de cerca de 68 millones de euros. En concreto, el fabricante de Apis y Fruco presenta un pasivo de aproximadamente 245 millones de euros, frente a activos valorados en unos 178 millones de euros.
