La reforma laboral del Gobierno no es decisiva porque vaya a crear o destruir empleo, mucho menos en el corto plazo. Se yerra al interpretarla, discutirla o criticarla en términos de derechos, de reducción de derechos exclusivamente. En realidad, si ese es el problema, el techo de déficit pactado por PSOE y PP e incorporado a la Constitución es bastante más demoledor.
Esta reforma, como muchas de las cosas que están cambiando ante nuestros ojos, las veamos o no, las queramos ver o no, las podamos comprender o no, hay que exponerla al sol abrasador de la constante redefinición del mundo desencadenada -ahora por lo menos lo sabemos- no ya por la crisis ninja y sus famosas hipotecas subprime, sino por la infantil idea de que cada vez debemos ser más ricos y vivir mejor simplemente porque sí, porque lo valemos, porque somos occidentales, nos ampara un sistema democrático y atesoramos una larga y próspera historia a nuestras espaldas. O sea, porque el tiempo pasa.
Esta reforma laboral será buena o será mala si logra cambiar -mejorar, para ser exactos- nuestra actitud ante el trabajo, nuestro respeto por el trabajo. Todos deberíamos tener derecho a un puesto de empleo, pero sería ridículo pensar que sus condiciones (no solo económicas) deben ser hoy las mismas que en 1970, 1990, 2000 o incluso 2007. Podría plantearse una reforma laboral paliativa, acorde con un contexto de recesión, para pagar contratos con dinero público, aumentar el gasto y, en definitiva, anquilosar aún más nuestra productividad y capacidad de adaptación. ¿Pero ese modelo serviría para propiciar y mantener un contexto económico sostenible? Me temo que no.
Esta reforma debería introducir y extender algunos valores. Como que un trabajador y su empresa valen por lo que fueron, de acuerdo, pero sobre todo por lo que son y serán en el futuro; y no apenas en términos absolutos, sino también en relación con otros trabajadores y empresas -no solo españoles, por cierto. De lo contrario, seguiremos en alerta roja...
