El gobierno de José Antonio Monago y el de Pedro Acedo están detrás de un expediente que se ha elaborado hace pocas semanas a través del cual se ha sancionado a la empresa Extremeña de Grasas con 100.000 euros y con la orden del cierre de sus puertas en el plazo de un año.
Así lo ha confirmado el portavoz el equipo de Gobierno, Fernando Molina, que dice que esta decisión se le ha comunicado a la empresa hace aproximadamente un mes, aunque la sanción y la orden se tramitaron el pasado mes de octubre de 2011.
“La fábrica está sancionada, tiene un plazo para cerrar, pero también el derecho a defenderse, como tenemos todos los ciudadanos”, señala Molina.
La situación actual de esta empresa es que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para las instalaciones existentes en el Polígono Industrial El Prado, cuenta actualmente con una resolución desestimatoria con fecha de 7 de julio de 2010, emitida por al Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental de la consejería de Industria.
En un informe emitido por el Ayuntamiento de Mérida caben destacar dos aspectos, “su amplia incidencia social por los olores producidos y los vertidos realizados por el establecimiento”.
Sigue diciendo el informe que “son públicas y notorias, tanto por actuaciones municipales como por las numerosas denuncias vecinales y policiales, las importantes incidencias medioambientales sufridas por la ciudad en materia de olores ‘nauseabundos y pestilentes’, así como los irregulares vertidos de aguas residuales efectuados por la misma”.
Finaliza expresando que en 2008, y como consecuencia del trámite de información pública’, en el marco del procedimiento de concesión de la AAI, se presentaron numerosas alegaciones tanto en el Ayuntamiento de Mérida como en la Junta de Extremadura, por parte de asociaciones de vecinos, federación de asociaciones de vecinos y grupos políticos, siendo el denominador común de todas ellas las molestias derivadas de los olores producidos y los vertidos realizados por la actividad.
