El Tribunal Supremo considera que la obra de ensanche llevada a cabo por el Ayuntamiento de Cáceres en la zona de Miralrío es ilegal por no haberse hecho el estudio de impacto medioambiental y por carecer de autorización de la Junta de Extremadura, ya que se considera una modificación del Plan de Urbanismo que estaba en vigor y no solo del Plan Especial.
Es la segunda ocasión en la que el Tribunal Supremo da la razón a los miembros de la familia Salas, que siempre se resistió a abandonar su casa de Miralrío. En julio del año 2009 lograron elevar la cuantía de la indemnización recibida por el derribo de su vivienda desde los 84.000 euros entregados inicialmente por el Ayuntamiento hasta la cantidad de 360.000 euros. Los afectados reclamaban, no obstante, 600.000 euros. La abogada de la familia, Isabel González, ha confirmado esta mañana que todavía no han recibido el dinero de la expropiación, pese a haber solicitado la ejecución de la sentencia del Supremo. Es más, hace dos semanas el Ayuntamiento les comunicó que solo podrá abonar la indemnización a partir de que cobre el canon del agua, 30 millones de euros que debe aportar la empresa que resulte concesionaria del servicio.
El proceso, sin embargo, se halla bloqueado tras aprobar el pleno municipal su anulación. Es decir, que la posibilidad de ingresar ese canon no se ve cerca de momento. Ahora, la familia Salas, según avanzó esta mañana su abogada en una valoración rápida del fallo del Supremo, solicitará daños y perjuicios por haber sido víctima de una actuación urbanística que ahora el alto tribunal ha declarado ilegal, ratificando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del año 2007. Esta obra urbanística se llevó a cabo para mejorar la circulación entre San Francisco y Fuente Concejo. En conjunto, se expropiaron 14 viviendas, pero solo la familia Salas acudió a los tribunales al no estar de acuerdo con el tener que dejar la casa que habitaban desde 1945 y por el dinero recibido.
