Siete extremeños detenidos, y otros cuatro imputados por presuntos delitos de daños al patrimonio y venta de objetos arqueológicos; 7.500 objetos históricos recuperados; y el desmantelamiento de una red, que operaba desde Extremadura, dedicada al expolio de yacimientos y venta posterior de los tesoros hallados. Éste es el balance de una nueva operación desarrollada por el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil en la región, llamada ‘Badía’, y que ha contado con la colaboración del juzgado nº3 de Trujillo; la Fiscalía de Cáceres; y personal de la Consejería de Cultura, que ha elaborado los informes técnicos.
Dos de los siete detenidos están acusados además del presunto delito de receptación (compra) de los objetos expoliados. Los detenidos e imputados son vecinos de Navalmoral (4); Casar de Cáceres (1); Plasencia (2); Cáceres (1); Hinojal (2); y Monroy (1).
Los agentes del Grupo de Patrimonio también han practicado hasta ahora seis registros domiciliarios, en los que se han intervenido mapas topográficos con indicaciones de yacimientos, herramientas de limpieza de estos restos y material para su empaquetado y envío al extranjero.
Los miembros de esta banda organizada, investigados por la Guardia Civil desde noviembre de 2009, utilizaban detectores de metales con los que recorrían zonas de interés arqueológico de la provincia de Cáceres. La Guardia Civil les ha incautado 10 de estos aparatos que les permitía encontrar con facilidad todo tipo de objetos metálicos como monedas, hebillas, puntas de flecha, etcétera.
En total, se han confirmado daños en 14 yacimientos situados en Ahigal, Puerto de Santa Cruz, Losar de la Vera, Santibáñez el Bajo, Jaraíz, Monroy, Trujillo y Talayuela. Además del valor histórico de los objetos robados, la intervención de los expoliadores en las excavaciones ilegales ocasiona daños irrecuperables en un terreno ya removido, difícil de interpretar después para los estudiosos. Los técnicos de la Consejería de Cultura y Turismo han cuantificado los daños causados en los yacimientos durante la extracción de estos restos en unos 140.000 euros.
Los expoliadores solían ir juntos a buscar con los detectores de metales por zonas de gran potencial arqueológico, y acudían además de noche con herramientas para excavar sabiendo que estaban realizando una actividad delictiva. Los agentes han podido recuperar 7.500 de estos objetos, pero no se sabe cuántos habrán conseguido con este método a lo largo del tiempo, ya que muchos han sido vendidos a coleccionistas de todo el mundo a través de una casa de subastas que operaba en Internet.
Según han podido comprobar los agentes, una vez confirmada la operación de compra-venta, los miembros de la banda enviaban los objetos expoliados a los compradores a través de correo postal ordinario certificado o de una empresa de mensajería.
La operación aún continúa abierta y en ella trabajan conjuntamente la Sección de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil y el Servicio de Protección de la Naturaleza de Cáceres, además de otras unidades del mismo cuerpo.
La legislación sobre patrimonio histórico prohíbe la búsqueda de restos arqueológicos sin autorización y establece que los hallazgos de forma casual han de ser entregados a las administraciones.
