Sólo 13 municipios se acogen al decreto para pagar las deudas a sus proveedores

La soga de la asfixia económica agobia a los Ayuntamientos pero no tanto como para quitarse toda la deuda de encima posible. Sobre todo, las que mantienen con las pequeñas y medianas empresas (pymes), sus principales proveedores, a las que la crisis les está dando un hachazo, en muchos casos, mortal. Para ayudar a municipios y a pymes, el Gobierno Zapatero aprobó el año pasado un decreto por el que autorizaba a los Consistorios acudir a cajas y bancos para pagar deudas que, en algunos casos, llevan arrastrando desde hace 20 años. Cerrado 2009, la respuesta ha sido mínima: sólo 13 municipios extremeños se han acogido a esa posibilidad. Esa es la parte mala de la historia; la buena, que las empresas han podido cobrar en Extremadura 48,1 millones de euros (8.000 millones de las antiguas pesetas).

La ley fija que sólo está permitido que un Consistorio pida un préstamo bancario para pagar una inversión, no gasto corriente o deudas atrasadas. La excepción a esa norma llegó en abril pasado con el Real Decreto-Ley 5/2009, con vigencia sólo para ese año. El Ministerio de Economía autorizó a que los municipios se endeudasen, pudiendo cerrar préstamos con uno o dos años de carencia y amortizarlos, como mucho, en seis años. Antes de acabar el verano, los Ayuntamientos dispusieron de ese vital dinero y liquidaron deudas, oxígeno puro para las empresas que trabajan para ellos.

A cambio, el Gobierno central exigió cumplir un plan de saneamiento por el periodo de amortización del préstamo, lo que, en la práctica, obliga a elaborar Presupuestos Municipales en los que se aprieta al límite el cinturón.

Remanente y financiación

«La idea no está mal, pero no resulta atractiva para muchos Ayuntamientos. Te quitas una deuda, pero, a cambio, te imponen muchas restricciones», reflexiona Juan Antonio Barrios (PP), alcalde de Fuente del Maestre, quien no ha hecho uso de ese decreto porque no le entusiasma y porque no cumple uno de los requisitos para utilizarlo: que su Consistorio presentara un remanente negativo de tesorería en 2008 (la liquidez del Ayuntamiento, lo que debería haber tenido y no lo tenía para pagar a sus proveedores). Desde luego, se encontraron muchos más de 13 municipios de los 384 extremeños presentaron ese balance negativo en 2008.

«Para los municipios grandes es buena idea, pero entiendo que a los pequeños no les guste tanto y se sientan atados de pies y manos, aunque la sensatez nos debe volver a todos más prudentes a la hora de gastar en esta situación económica», añade Ramón Ropero (PSOE), el primer edil de Villafranca, municipio que ya ha pagado 1,8 millones a las pymes. Ropero advierte: sin una justa financiación local, la liquidez de los Ayuntamientos estará rozando el abismo porque «sin los ingresos del ladrillo, asumimos hasta un 29 por ciento de gastos que llegan de servicios y competencias que no son nuestras».

El alcalde villafranqués, representante extremeño en la Federación de Municipios de España, demanda, sin tapujos, que los municipios, «como sucede con el Estado y las autonomías», puedan endeudarse «un poco más», especialmente cuando la previsión es que los Ayuntamientos reciban este 2010 entre un 15 y un 20 % menos de fondos procedentes del Estado.

La postura es compartida por Salvador Álvarez (PP), alcalde de Calamonte. «Aquí no había mucha deuda pero entiendo la necesidad de esas empresas por cobrar. Y más ahora. Es malo que un Ayuntamiento tenga déficit pero mucho peor sería que tuviera superávit. Hay que dar servicios a nuestros vecinos», subraya con rotundidad.

Dos de los cuatro grandes municipios extremeños, Cáceres y Mérida, también han hecho uso del decreto para alegría de sus proveedores. La capital autonómica fue la primera en presentarse. «Tal y como se está poniendo el panorama, más de un Ayuntamiento desearía que el real decreto permitiese acudir a los bancos también este año», concluye Mercedes Moyano, delegada de Hacienda emeritense.