Más de 6.000 euros por cabeza para 12 agentes de la Policía Local, lo que supondrá un gasto extra de 72.000 euros a las arcas municipales. El Ayuntamiento de Mérida ha sido condenado a abonar esa cantidad en concepto de complemento específico de 12 funcionarios que se incorporaron a la plantilla municipal en 2006. El Sindicato Profesional de Policías Locales de España (SPPME) reclama al Gobierno local que haga efectivo el pago.
El conflicto se remonta a comienzos del año 2006, cuando se incorporaron a la plantilla emeritense 12 nuevos agentes. En aquel momento, pasaron a formar parte del Grupo C, tal como exige la normativa de la Junta de Extremadura. Mientras tanto, sus compañeros se mantenían en categorías inferiores a la espera de que se llevase a cabo la promoción interna, lo que motivó varias medidas de presión al Gobierno local.
Sin embargo, como indica el SPPME, en su momento se aplicó a los nuevos agentes un complemento específico más reducido para que su sueldo fuese igual al del resto de la plantilla. Esto motivó que los 12 profesionales reclamaran el abono de la diferencia contributiva al Consistorio, que denegó su solicitud.
El asunto acabó en los tribunales, que en 2008 dio la razón a los nuevos agentes y condenó al Ayuntamiento a pagar en torno a 4.000 euros a cada agente más la cuantía que se hubiese generado desde diciembre de 2006, cuando se interpuso la denuncia. El Consistorio ya apuntó entonces su propósito de abonar todas las cantidades reclamadas.
Ejecución de sentencia
Tras esto, el pasado mes de noviembre el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida dictó un auto de ejecución de sentencia, por el cual el Consistorio debía pagar a cada agente algo más de 6.000 euros, según indica SPPME. Pero, como afirma el sindicato, aún no se ha procedido a realizar estos pagos.
SPPME exige al Gobierno local que cumpla estas resoluciones y abone la cantidad debida. «Tras dos años de juzgados defendiendo lo que corresponde a los trabajadores con sentencia judicial firme», señala, «parece ser que algunos miembros de la esfera política de este Ayuntamiento se encuentran por encima de jueces y tribunales, haciendo caso omiso a la ejecución de las mismas».
«Entendemos que no es por falta de solvencia, ya que en los últimos días, por ejemplo, se ha llevado a cabo la contratación de otro asesor más, por un importe de unos 30.000 euros», añade el sindicato policial.
