La economía sumergida, un plácido refugio para un buen número de ciudadanos y un lastre para la administración, florece y florece. La mayoría sabe que está ahí, y echa mano de ella: las chapuzas caseras de un vecino manitas, el amigo con trabajo declarado de lunes a viernes y que ejerce de pintor barato y eficaz los sábados, y quizás, el paradigma de esta picaresca tan enraizada, el piso alquilado a escondidas del Ministerio de Hacienda, la institución peor valorada por los españoles.
Haberlos, haylos. Es de dominio público. Pero... ¿Cuántos? ¿Unos pocos, quizás? ¿La mayoría? Acaba de responder a estas preguntas Gestha, el colectivo que aglutina a los técnicos del Ministerio de Hacienda. Son unos ocho mil repartidos por todo el país, y en su día a día manejan la suficiente información como para saber cuántos arrendamientos ilegales hay en las diferentes regiones. Eso es precisamente lo que acaban de hacer, recopilar datos, hacer números y presentar un estudio con sus conclusiones. La principal es que más de la mitad de quienes tienen un piso alquilado en España (en concreto 54 de cada 100) no lo declaran, probablemente convencidos de que así se ahorran una buena cantidad a la hora de hacer la declaración.
El porcentaje es llamativo, por cuanto significa que es más habitual ser un casero ilegal que uno que respeta las normas. Y más aún si la vivienda en cuestión está en la provincia de Cáceres, donde la tasa de alquileres no declarados alcanza el 70 por ciento, o sea, muy por encima de la media nacional. Tanto es así que Extremadura es la segunda comunidad autónoma donde más abunda el arrendamiento al margen de Hacienda, sólo superada por Andalucía, que llega al 74 por ciento. A la vista de estos números, la conclusión es evidente: los propietarios legales, que firman contratos con sus inquilinos y dan cuenta de ello al Ministerio, son casi una 'rara avis'. Sólo treinta de cada cien en la provincia de Cáceres.
«Algo funciona muy mal»
Las cifras proceden de fuentes oficiales, y son el resultado de cruzar los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Vivienda. Este tipo de fraude inmobiliario hace que el Estado deje de ingresar cada año 2.450 millones de euros. En el caso de la provincia de Cáceres, los técnicos de Hacienda calculan que los alquileres sumergidos mueven casi once millones de euros al año.
José María Mollinedo, secretario general de Gestha, lo tiene claro. «Que la mayor parte de las rentas del alquiler no estén declaradas -argumenta- significa que en el seno de la Agencia Tributaria del Estado algo está funcionando muy mal». Al margen de este diagnóstico generalizado se sitúan Aragón y La Rioja, las regiones más cumplidoras con el fisco, con porcentajes de pisos no declarados del 16 y 17 por ciento respectivamente, es decir, a una distancia abismal de Cáceres.
A esta proliferación de la ilegalidad ayuda, según Gestha, el hecho de que la Agencia Tributaria no haya puesto todavía en marcha «su medida estrella», tal como la califican los técnicos de Hacienda. Esa novedad consistiría en obligar a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas a facilitar los consumos de todas las viviendas, lo que permitiría identificar aquellos inmuebles que oficialmente están desocupados pero en los que realmente hay gente abriendo el grifo o encendiendo la tele con frecuencia, es decir, viviendo.
Otra causa que contribuye a extender los arrendamientos ilegales es el desconocimiento por parte de muchos propietarios de que su alquiler les puede desgravar el cien por cien. Ese porcentaje se les aplicará a aquellos dueños que tengan arrendada una vivienda a un trabajador o un autónomo de entre 18 y 35 años y con unos rendimientos del trabajo netos superiores a 7.236,60 euros. Mientras se extiende o no esta ventaja, queda el informe elaborado por Gestha, que retrata la existencia de un problema. Los técnicos de Hacienda calculan que el parque cacereño de viviendas en alquiler asciende a 12.497. De ellas, 8.723 son arrendamientos sin declarar, lo que sitúa a la provincia como más ilegal que la media del país. Algunos lo verán como un dato sonrojante. Otros pensarán que es una cifra para presumir.
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