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Los abusos laborales se disparan

07.12.09 - 00:09 -
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Las horas extra han pasado a mejor vida. Las dietas y los desplazamientos ya no se pagan y los contratos se firman para cinco días. Los fines de semana te dan de baja para volver el lunes.
Éstas son algunas de las irregularidades que se han disparado en los últimos meses en la provincia si se toman como válidas las denuncias que recogen a diario los sindicatos.
Las organizaciones obreras temen que la crisis diluya algunos derechos laborales y arremeten contra aquellos que quieren sacar tajada escudándose en «lo mal que está todo». A esto se une que, en muchos casos, los empleados no denuncian los abusos por temor a peder sus puestos de trabajo.
Desde las organizaciones empresariales no aceptan las acusaciones. Juan Manuel Arribas, secretario general de la patronal pacense, insiste en que no se debe generalizar. «La mayoría lucha por su plantilla».
Por eso cree injusto que se carguen las tintas contra ellos. «Para sacar a la economía de este pozo debemos trabajar codo con codo unos y otros con la ayuda de la Administración», apuesta.
Más allá de las diferentes posturas, la tendencia se puede entender como el resultado lógico del desajuste del mercado laboral. Hay déficit de empleo y superávit de trabajadores. «Muchos empresarios aprovechan que la gente necesita un empleo y bajan sus condiciones, mientras que los trabajadores creen que no está la situación para aumentar sus exigencias», explica Miguel Coque, de Comisiones Obreras.
Para demostrar su argumento, Coque pone sobre la mesa los datos de las inspecciones de trabajo en la provincia de Badajoz.
En el primer semestre de este año ya hay más trabajadores afectados por algún tipo de fraude laboral que en todo el 2008. En junio se contabilizaban 4.186 empleados con alguna anomalía en sus condiciones laborales frente a los 3.883 de todo el ejercicio anterior, según los datos que la agrupación ha extraído de la memoria de la inspección laboral.
Temores
El medio millar de asalariados sin seguridad social detectado en seis meses en la provincia, el mismo número que en todo el año pasado, también evidencia sus temores. El mayor número de infracciones destapadas se traduce también en más sanciones económicas. Hemos pasado de los 80.000 euros de multas del 2008 a más de 97.000 en el primer semestre de 2009.
Coque entiende estos registros como «una simple partícula en todo el océano» ya que los inspectores sólo descubren «el 5% de la realidad». A su juicio, los abusos laborales «han pasado en algunos sectores de casos aislados a estrategias generales».
En la construcción, por ejemplo, denuncia que se haya extendido la práctica de contratar a los empleados de lunes a viernes y dar de baja los fines de semana. «Esto se da en obras del llamado Plan E», puntualiza.
Un estudio sobre fraude elaborado por su organización antes de verano destapó dos sectores especialmente sangrantes por el número de descontentos: la hostelería y el comercio.
En el primer caso han constatado un incremento de trampas ya comunes, como ofrecer media jornada a camareros que al final trabajan durante toda el día o no remunerar las horas extras. También aumentan los casos donde no se da de alta a la seguridad social.
Coque recuerda que en realidad esto no es, ni mucho menos, una novedad, pero lamenta que ahora, con las turbulencias en el mercado laboral, se hayan generalizado. «La precariedad va a más y eso no está justificado», sentencia.
Las quejas que llegan desde los bares y restaurantes se repiten en los establecimientos comerciales. Los representantes sindicales indican que además en esta actividad se ha impuesto la 'norma' de encadenar contratos eventuales, lo que priva a muchas personas de acceder a una estabilidad económica.
Junto a camareros, albañiles y dependientes, los operarios de limpieza cierran el círculo de los trabajadores más ninguneados. En esta rama han notado el abuso de los contratos eventuales y de presionar a las plantillas para que renuncien a las horas extras.
Las inspecciones en el tajo conforman el cortafuego para acabar con los fraudes, por eso los sindicatos ya pidieron hace dos años al Gobierno que reforzara este servicio y acotar así los abusos, algo que, según denuncian «todavía están esperando». La provincia de Badajoz cuenta actualmente con nueve inspectores.
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