UPyD pide la dimisión de los responsables políticos

El coordinador local de UPyD en Badajoz, Juan Bejarano, ha reclamado la dimisión de los responsables políticos por las "ilegalidades urbanísticas" cometidas a su juicio en la Alcazaba de la capital pacense.

En nota de prensa, ha considerado "inadmisible" que tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento de Badajoz trasladen según dijo a la sociedad que "el interés general es contrario al cumplimiento de las leyes" en el asunto del 'cubo' de la Facultad de Biblioteconomía de Badajoz.

Bejarano aseguró que "son las leyes, precisamente, las que garantizan el interés general, y no el pasteleo entre los políticos, que es lo que está ocurriendo desde que el Tribunal Supremo dictó sentencia".

"Desde los partidos políticos y algún sector de la prensa, se está dando la sensación de que, con objeto de no cumplir la sentencia, cabe el acuerdo con la asociación Amigos de Badajoz. No es cierto", aseguró Juan Bejarano, quien precisamente aclaró que "el Supremo ha dictaminado que la sentencia es firme y que no hay obstáculo alguno para su cumplimiento".

El coordinador local de UPyD ha reconocido como "perfectamente legítima" la postura de la asociación Amigos de Badajoz, que "cumple con su deber de defensa del patrimonio y denuncia los reiterados incumplimientos que dañan el mismo"; y ha añadido que "los únicos responsables son el Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura , que tergiversaron las normas urbanísticas a su conveniencia y ejecutaron las obras". "Ellos, y nadie más, deberán hacer frente a sus irresponsabilidades", sentenció.

De igual modo, ha recordado que la propia sentencia del Supremo "explicita la trampa, consistente en modificar el Plan General Municipal y el Plan Especial de Protección del casco antiguo con el único objeto de no cumplir la orden de derribo".

Por este motivo, Bejarano, en aras del "interés general", ha exigido a PP y PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, que promuevan una modificación de dichas normas, retirando de las mismas el artículo que permite levantar edificios de nueva planta en el interior del recinto de la Alcazaba.

Finalmente, apuntó que si no se acomete esta reforma, "los responsables políticos serán responsables de crear graves contradicciones con las leyes autonómicas y estatales de rango superior, dando pie a futuras intervenciones de la justicia".