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El Congreso da vía libre al Estatuto con sólo dos votos en contra

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El Congreso da vía libre al Estatuto con sólo dos votos en contra

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Sólo Gaspar Llamazares y Rosa Diez se oponen a la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. El primero, porque la ley electoral no le da a IU diputados en la Asamblea, y la segunda porque es una propuesta más que rompe la Constitución «por la puerta de atrás». A las siete menos cuarto de la tarde, el Congreso de los Diputados emitió ayer 317 votos a favor y esos dos en contra de este texto pactado en Extremadura por PSOE y PP, que supera así el debate de totalidad y pasa ahora al trámite de enmiendas parciales.
En el Congreso de Diputados obtuvo el apoyo anunciado de socialistas y populares, pero también el de los nacionalistas catalanes y vascos, de Esquerra Republicana de Catalunya, y de pequeñas representaciones como la canaria, navarra y la gallega.
Fue un pleno largo, de más de dos horas y media, en el que las posturas principales fueron cuatro, la formada por el bloque de Extremadura y el Gobierno central, que subrayan la voluntad de lealtad constitucional de la comunidad dentro de la nación española, Rosa Díez (UPyD) proclamaba todo lo contrario, y Gaspar Llamazares prefería la indignación por no haber sido consultada IU.
En la cuarta perspectiva, los nacionalistas de CiU y PNV vieron el cielo abierto y votaron muy contentos a favor porque creen que en varios aspectos el nuevo Estatuto de Autonomía les da la razón en sus tesis de competencias exclusivas, exigencias de un buen trato financiero, etc.
El texto de reforma, aprobado el pasado mes de septiembre por unanimidad en la Asamblea de Extremadura, se somete ahora a un período de presentación de enmiendas para ser discutido luego en la ponencia constitucional del Congreso y posteriormente en el Senado.
A las cuatro de la tarde, hora de comienzo del pleno de toma en consideración del texto, no llegaba a 100 el número de diputados presentes. En el vetusto hemiciclo de la carrera de San Jerónimo el banco azul del Gobierno sólo tenía un huésped, el vicepresidente tercero Manuel Chaves, y porque tenía que hablar. En la tribuna, muchos invitados extremeños, como la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, miembros de la Junta como la vicepresidenta primera Dolores Pallero, y un grupo de diputados de la Asamblea presididos por Juan Ramón Ferreira.
A los tres comisionados de Extremadura para defender la propuesta les tenía que bastar con 10 minutos de palabra. La tomó en primer lugar el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que empezó recordando la sangría de la emigración extremeña, con la pérdida de la mitad de la población, y la transformación habida durante la vigencia del actual Estatuto, de la que es prueba haber pasado de un ochenta por ciento de población con estudios primarios o analfabeta, a un cincuenta por ciento que hoy tiene estudios medios o superiores.
Vara explicó ante los congresistas las características básicas de la reforma propuesta, que sitúa a Extremadura como una comunidad autónoma leal dentro de la nación española, y que a diferencia de otros estatutos renuncia a hablar de derechos propios porque «los que tenemos nos vienen en razón de ser españoles».
Forzado a abreviar, el presidente de la Junta destacó dos notas del texto. Una era el valor de lo local, la necesidad de pagar la deuda con los ayuntamientos recogida en la Constitución. La otra, la apuesta por la cooperación entre regiones, en lo que citó como ejemplo las iniciativas que está tomando Obama en su país.
El presidente de la Junta cerró su turno recordando el trabajo del grupo de expertos que, encabezado por Alberto Oliart, empezó a preparar la reforma, que debe traer una mejora que dedicó a «los veintisiete niños que está previsto que nazcan hoy en Extremadura».
Emigrados
José Antonio Monago, presidente del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, coincidió con el presidente de la Junta en destacar la vocación municipalista del futuro Estatuto, y en recordar a los 750.000 extremeños emigrados. Una propuesta constitucionalista, que llega con respaldo unánime del Parlamento regional y la opinión recogida entre muchos sectores sociales, a diferencia del de 1983 que el centro-derecha no apoyó. El nuevo Estatuto será «reivindicativo pero no rupturista».
Monago animó a que la misma unanimidad siga ahora durante la tramitación en las Cortes generales. Ante las voces que en España suben contra el estado autonómico, Monago replica que «es lo mejor que le ha podido pasar a Extremadura». La dignificación de la vida pública, con instrumentos para fiscalizar el gasto, la exigencia en materia financiera «para igualarnos a la media del Estado», una solución definitiva a la deuda histórica, la cooperación con Gobierno y comunidades en convenios y acuerdos, son otros contenidos que defendió el dirigente del PP.
El tercer y último comisionado de la Asamblea para defender la propuesta en las Cortes, Ignacio Sánchez Amor (portavoz del Grupo Socialista), sostuvo que la misma reafirma lo cómoda que Extremadura se siente dentro de España. Por eso no plantea como otras comunidades un pacto entre territorios porque «es malo para la cohesión del país».
Sin complejos
«Este es un Estatuto de la Extremadura sin complejos, ya asentada, una prueba de que se puede reforzar el autogobierno regional y la cohesión nacional reforzando a las partes».
Para apoyar la propuesta habló por parte del Gobierno el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que calificó el debate de «un acto de normalidad democrática e institucional, es normal adaptar las leyes a las circunstancias y a la evolución de la sociedad a la que sirven».
Esta propuesta sigue el proceso iniciado en 2004, reformas orientadas a «enriquecer la ciudadanía democrática y acercar el poder a los ciudadanos, clarificando la distribución territorial del poder, es el mejor modo de alcanzar un Estado más cohesionado, fuerte social y políticamente; ese es el fin del proceso, que no se plantea para dividir y enfrentar sino con el ánimo de enriquecer nuestro proyecto común». Esta propuesta de Extremadura confirma que no es una aspiración artificiosa ni exclusiva de una u otra comunidad, «se reforma porque se cree en que mejorará la vida de los extremeños».
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Monago, Fernández Vara y Sánchez Amor, en la mesa que se les dispuso durante el debate en el Congreso de los Diputados. / EFE
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