Lo lícito y lo legal

La admisión a trámite de una querella contra el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos al conceder 78.000 euros a la Fundación Alternativas, de la que fue patrono, confronta el ámbito de lo legal con el de lo lícito. Será la Justicia la que determine, en el primer terreno, la veracidad o no de la denuncia y si existe razón jurídica para exigir responsabilidades a López Garrido; una motivación que él ayer negó porque no habría incurrido en irregularidad o incompatibilidad alguna al otorgar dos ayudas a una organización de la que se apartó al ser nombrado para su actual cargo. Obviamente, López Garrido tiene todo el derecho a defenderse. Pero sus explicaciones difícilmente justifican, en el terreno de la licitud, que beneficiara a una fundación con la que había mantenido una relación tan estrecha y que lo hiciera además, en una de las dos subvenciones, cuando apenas habían transcurrido tres meses desde su acceso a la secretaría de Estado.