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Tirar el cubo y rebajar Biblioteconomía costará 3 millones más que su edificación

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Tirar el cubo y rebajar Biblioteconomía costará 3 millones más que su edificación

El proyecto costó 5 millones de euros y un informe municipal de 2007 calcula el derribo en 8


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Tirar el cubo y rebajar Biblioteconomía costará 3 millones más que su edificación
Situación actual y situación que exige el fallo judicial.
La Junta de Extremadura invirtió cinco millones de euros en la construcción de la Facultad de Biblioteconomía y la Biblioteca General de Extremadura. Derribar los edificios, según un informe que realizó el Ayuntamiento hace dos años, costará ocho.
El alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán todavía desconoce quién deberá correr con el coste de la desaparición del complejo universitario del recinto almohade.
La última sentencia del Tribunal Supremo, con fecha de 23 de octubre y difundida en la noche del miércoles, obliga a la restauración de los bienes de patrimonio histórico a la situación anterior a la concesión de la licencia de obras, que contravenía el ordenamiento jurídico. Esto es, la decisión obliga al derribo del aulario, el rebaje en 1,35 metros de la cubierta del Hospital Militar y la demolición en sí del polémico cubo.
«Las administraciones irán de la mano». Lo dijo el mismo Celdrán, que afirmó que su equipo celebrará una serie de reuniones con representantes de la Junta de Extremadura para esclarecer las acciones a desarrollar, a quién corresponde el derribo, cómo se debe proceder y quién debe costearlo. En este asunto están implicados el Ayuntamiento de Badajoz, que concedió los permisos para su construcción, y la consejería de Cultura y Turismo, que promovió el proyecto y después cedió su uso a la Uex.
Informe de 2007
En el año 2007, el TSJEX dictó otra sentencia en la que obligaba al Ayuntamiento a devolver al antiguo hospital militar su aspecto original. Entonces, Urbanismo elaboró un proyecto en el que cuantificó el derribo en 8.066.198 euros.
El alcalde, sin embargo, dijo que los técnicos deben redactar un proyecto, aprobarlo y derivarlo a la comisión de Patrimonio dependiente de la Junta de Extremadura, entre otros trámites. Según dijo, no existe un plazo determinado para cumplir con la sentencia, aunque la intención del Ayuntamiento es acatar la decisión judicial. «Lo haremos, aunque tengamos que tardar tres años».
Ahora sería legal
Celdrán apuntó a la «incongruencia» de tener que derribar el edificio teniendo en cuenta que el PGM admitiría hoy levantar un edificio de iguales características. «Hay un poco de incongruencia en esto. Tirar el dinero público para satisfacer, pues la satisfacción para Amigos de Badajoz (que llevó este asunto a los Tribunales) es que les han dado la razón». El regidor consideró un «error» la posibilidad de demolerlo y levantarlo de nuevo, por lo que la descartó.
«Me imagino que todos los implicados no queremos más que lo mejor para Badajoz», dijo Miguel Celdrán, quien valoró la importancia de la Facultad y la Biblioteca en la recuperación del Casco Antiguo.
El alcalde subrayó que «habrá que ver cómo se cumple la sentencia para que no se perjudique la ciudad, la Universidad y, en definitiva, el progreso del Casco Antiguo: que fue la finalidad principal que nos hizo llevar Biblioteconomía allí».
Demora del PGM
Celdrán insistió en que la aprobación del PGM se demoró por cuestiones distintas a este proyecto. De esta forma, se refirió a que el Alto Tribunal considera probado que el Ayuntamiento aprobó «la variación del Plan General con el objeto de impedir que la sentencia se cumpliera en sus propios términos». «Si la sentencia lo dice será cierto, pero nunca ha habido intencionalidad», aseguró.
Y ahora, ¿qué pasará con Biblioteconomía? El rector de la UEx, Francisco Duque, dijo: «Necesitamos tiempo para buscar fondos y poder trasladar la Facultad al campus». «Yo no me meto en aspectos legales», apostilló Duque en Cáceres, según informó María José Torrejón.
La Consejería de Cultura y Turismo emitió un comunicado en el que garantizó que coordinará con el Ayuntamiento de la ciudad las acciones a desarrollar. Además, calificó de «paradójico que si finalmente el edificio fuera modificado en su estructura, podría volver a ser construido de nuevo con la misma forma que el actual sin caer en la ilegalidad, al haberse modificado las leyes que actualmente regulan todo lo relativo a la edificabilidad en dicha área».
IU pide responsabilidades
Izquierda Unida acusó de una malversación de fondos públicos a los responsables que otorgaron la licencia de obras a un proyecto que no permitía el ordenamiento urbanístico.
El concejal Manuel Sosa apuntó a la anterior concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, y a los técnicos municipales que certificaron el proceso. Ahora pide a Celdrán que depure esas responsabilidades.
El edil barajó la posibilidad de acudir a la vía penal para exigir a quienes dieron la autorización que paguen el coste del proyecto: lo que costó en su día (cinco millones), lo que supondrá el derribo y la posterior rehabilitación (más de ocho). Sosa acusó al Gobierno de Celdrán de despilfarrar el dinero público.
Los socialistas coincidieron con Sosa en pedir «explicaciones políticas por infringir las normas urbanísticas vigentes» en el momento de la concesión de la licencia. Su portavoz, Celestino Vegas, añadió que la demolición del complejo universitario será un revés para la recuperación del Casco Antiguo y que sólo una minoría de ciudadanos puede estar satisfecha por la sentencia.
El grupo municipal socialista incidió en el «incumplimiento de las normas urbanísticas cuando se concedió la licencia de obras, competencia exclusiva del Ayuntamiento de Badajoz».
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