El cubo de Biblioteconomía se tendrá que derribar

El Tribunal Supremo ha ratificado la demolición del cubo de Biblioteconomía. La sentencia, dictada el 23 de octubre, considera probado que el Ayuntamiento de Badajoz aprobó una variación del Plan General Municipal antes de su aprobación para impedir que la sentencia de 2003 que mandaba su demolición fuera ejecuta.

De esta forma, el Tribunal manda restablecer el estado original de las edificaciones en el interior de la Alcazaba con la demolición del cubo, el derribo del aulario y el rebaje en 1.35 metros de la cubierta del Hospital Militar.

Este edificio ha originado diversas polémicas en los últimos nueve años, puesto que la asociación Amigos de Badajoz solicitó en 2000 la modificación del proyecto original para rebajar su impacto en esta céntrica zona. No lo consiguió y la asociación acudió a los tribunales para pedir su demolición porque no se acogía a la legalidad en el momento de su construcción. Nueve años más tarde, el Tribunal Supremo le da la razón y ratifica el derribo. Ya no hay lugar a más recursos.

El Tribunal Supremo reprocha en su sentencia la actitud del Ayuntamiento de Badajoz al intentar éste obviar la sentencia mediante la aprobación de un Plan de Urbanismo. El Supremo recuerda que el ejercicio de las potestades administrativas en el orden urbanístico debe responder a las exigencias del interés general, entre las que no se encuentra "burlar lo acordado en sentencia judicial firme".

El tribunal aclara que el Plan de Urbanismo se aprobó con el fin de impedir el cumplimiento de la sentencia, pues aunque los trabajos preparatorios para el Plan Especial se iniciaron en 2001, no fue hasta finales de 2003 cuando la Comisión Municipal de Urbanismo realizó su primer dictamen, cuando ya se había dictado sentencia firme. Por tanto, el Supremo avala que "la modificación del planeamiento tenía por finalidad esquivar el cumplimiento de la sentencia".

La Asociación Amigos de Badajoz se encuentra satisfecha tras demostrarse que tenía razón en un conflicto que se inició en el año 2000 y lamenta que se haya malgastado el dinero público en una construcción que finalmente ha sido declarada ilegal, y que ahora tendrá que remodelarse también con dinero público.