La nueva vivienda protegida premia las medidas de ahorro energético

En el competitivo mercado de la construcción toda mejora tiene premio. Mejor dicho, su clientela. ¿Hay compradores que se pueden inclinar a comprar una vivienda u otra en función del ahorro de electricidad, agua o gas que, cuando la disfruten, van a tener?. Evidentemente, sí. ¿Hay constructores interesados en dar un salto de calidad en su oferta inmobiliaria aunque eso suponga un coste adicional aunque asumible?. La respuesta es también sí, sobre todo cuando se trata de vivienda protegida en Extremadura, la comunidad referente en cuanto a la promoción de esta tipología.

El Gobierno extremeño acaba de dar salida a una normativa propia por la que se regula la certificación de eficiencia energética de edificios. A través de un decreto, el 136/2009, de 12 de junio, la Junta pone las bases para que los promotores puedan acreditar las medidas de ahorro de energía aplicadas en las futuras viviendas, de manera que la información sobre esas medidas de ahorro energético estén a disposición de los compradores en las ofertas de venta. Por lo reciente de la norma y el frenazo constructivo, la demanda de certificados es aún escasa.

«Lo que puede resultar más caro de construir, un poco más, tampoco excesivo, al final es más barato porque conlleva más ahorro para los compradores», resume José Timón, director general de Arquitectura y Planes Especiales de Vivienda.

La Unión Europea, desde 2002, ha marcado unas directrices a sus Estados miembros para que la sensibilización cada vez más creciente que existe para minimizar el derroche de energía y la emisión de CO2 pase de la teoría a la práctica. Se trata, en definitiva, de hacer viviendas más cómodas y seguras pero también menos gravosas para las economías domésticas y el medio ambiente.

El Código Técnico de Edificación, aprobado en 2006, ayudó a ello, aunque en un apartado específico: un mayor grado de insonorización de la vivienda nueva.

Tipología

Ahora, con la certificación de eficiencia energética de edificios, que implica la creación de un registro, se da un paso más efectivo. Los promotores deben obtener una etiqueta de clasificación para la nueva vivienda acogida a cualquier tipo de protección, que distingue hasta siete niveles según la eficiencia energética, desde el tipo A, el mejor, hasta el G, el menos eficiente. Se trata de la disposición más favorable de paneles solares, de un aislamiento óptimo en carpinterías, de la mejor orientación solar y de otras cuestiones técnicas para que los futuros inquilinos tengan unas facturas de luz y gas lo más bajas posibles.

El decreto autonómico de certificación, posterior al real decreto nacional de 2007, obliga a todas las construcciones nuevas, y a las rehabilitaciones o reformas que afecten a más de 1.000 metros cuadrados siempre que se renueve más del 25% de la superficie.

Ayudas

Sabemos que los compradores de esas viviendas protegidas ganarán comprando una casa de esa tipología. Pero, ¿y los que la hacen?. También. Los promotores cuyos proyectos obtengan una calificación energética de la clase A, B o C acumulan ayudas estatales y autonómicas: 5.000 euros en total para la A; 3.800 euros para la B y 2.700 para la C. Los que tengan los tipos D, E y G, los menos eficientes desde el punto energético, no tienen derecho a subvención alguna. Tampoco los que presenten vivienda libre en cualquier tipo.

La normativa de eficiencia energética se plantea un reto mayor a largo plazo. Desde Bruselas avanzan que, antes del 2020, el objetivo es conseguir viviendas no emitan nada de CO2. Emisiones cero es el lema que guía la política de la UE en este subsector vital para la economía de cualquier país.