Una ley europea trae de cabeza a los colegios profesionales. Más específicamente su transposición de la directiva de servicios a la legislación española que, según ellos, dejará a los consumidores sin opciones a la hora de exigir garantías sobre la formación de los profesionales que les atiende y por tanto, sobre la calidad de los trabajos realizados . «Supone modificar 47 leyes del estado español y más de 7.000 decretos y normativas legales para introducir el factor de la libre competencia en el mercado español», apunta Manuel León, presidente del Colegio de ingenieros técnicos industriales que señala que las principales consecuencias serán la eliminación de los visados y el intrusismo.
Los colegios profesionales no poddrán fijar, entre otras cosas, los baremos a la hora de realizar sus trabajos. La colegiación no será obligatoria y el visado, «que es una tasa que se paga para legitimar un determinado proyecto y que el técnico es titulado competente, entre otras garantías para el consumidor», desaparece, según denuncia León.
«El visado, hubo ya un primer intento de hacerlo desaparecer. Eso suponía dejar a los colegios sin recursos para poder subsistir, dejándonos solo con los ingresos de las cuotas colegiales. Eso dificultaría terriblemente nuestas funciones, sobre todo, las formativas de nuestros profesionales que no cesan nunca a lo largo de sus carreras», relata Manuel.
Según el presidende del colegio de ingenieros, las consecuencias que se derivan de la aplicación de dicha ley son, por tanto,preocupantes, «no sólo por la falta de recursos que suponen para los colegios, sino porque el consumidor va a quedar indefenso con respecto a los trabajos que los profesionales les puedan realizar, porque no les vamos a poder ofrecer garantías sobre él».
Finalmente, según relata León, se ha llegado a la conclusión de que se visará aquello que determine el Estado, o bien, lo que solicite el colegiado, o bien, lo que solicite el cliente. Esta resolución, que para Manuel es «arbitraria» deja al cliente, de nuevo, «desprotegido» para él.
Intrusismo
Pero además, para este veterano ingeniero, la aplicación de la normativa europea supondría abrir la puerta al «intrusismo profesional». «Si nos metemos en un mercado totalmente liberalizado, esto puede perjudiar no sólo a los ingenieros sino a otras muchas profesiones, puesto que puede permitir el libre ejercicio de diferentes doctrinas sin tener que justificar de ningún modo su titulación. Eso tiene un peligro, que esperamos que esté regulado, para que no sea el consumidor quien pague las consecuencias», denuncia.
«De momento, la gente no se da cuenta de los problemas que se derivarán de la aplicación de la Ley Omnibus, pero nosotros tenemos la obligación moral de advertirles, por el compromiso que tenemos con la sociedad», asegura León.
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