Los grupos políticos estudian limitar la pensión de viudedad a personas mayores

Los diputados estudian limitar la pensión de viudedad a beneficiarios mayores y convertirla en una prestación transitoria para las personas jóvenes. Igualmente analizan la posibilidad de que la subida adicional que los importes mínimos experimentan cada año corra a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Los probables cambios figuran en un listado de materias a examinar ante «la reforma integral de la viudedad» que aborda la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, encargada de velar por el futuro de las pensiones públicas.

Las medidas a tener en cuenta son una recopilación de comparecencias celebradas en el seno de la propia comisión y aportaciones de asociaciones y expertos. «Se trata de las principales demandas de la sociedad», explica el diputado del PP Tomás Burgos, a quien le fue encomendada la tarea de elaborar el «índice de materias a plantear».

El representante popular insiste en que no se trata de un documento «partidista» y deja claro que los posibles y futuros cambios no afectarán a los actuales perceptores de la viudedad. Todos mantendrán sus derechos adquiridos.

Burgos resaltó que la reforma que se baraja no supondrá «ahorro de dinero». Consistirá en la «mejor orientación de las prestaciones» para adaptar la viudedad a los tiempos actuales, en los que la mujer trabaja y el modelo tradicional de familia ha quedado superado por diversas formas de convivencia. Asegura que habrá iniciativas que supongan un mayor coste; otras, algún recorte; e incluso medidas que conllevarán transferencias de gasto, por ejemplo, a la orfandad.

No obstante, aclara que el resultado final dependerá de la decisión de sus 'señorías'. Existen dos alternativas. Que los diputados opten por una modificación «integral» de la viudedad, tal y como parece que es preciso, o se inclinen por «pequeños recortes» que apenas cambiarán la situación actual.

El índice recoge 14 «reflexiones». Entre ellas, figura (además de limitar su cobro en función de la edad y sacar la subida adicional de las cotizaciones sociales) si la viudedad debe seguir como prestación contributiva o ser una protección asistencial. El documento recuerda que existe «una importante duda doctrinal» sobre si debe considerarse que la finalidad principal de este tipo de protección es ser renta de sustitución o cubrir un estado de pobreza y necesidad.

Importe

Ahora bien, «la gran reivindicación del colectivo», según figura en el escrito, radica en incrementar el porcentaje de la base reguladora que se toma para el cálculo de la viudedad, o sea, acercar más el importe percibido por el superviviente al que cobraba el fallecido.

Asimismo, abre el debate sobre la conveniencia de equiparar la cuantía más baja de la viudedad al salario mínimo interprofesional (SMI); reducir proporcionalmente su valor cuando la remuneración laboral del beneficiario sea superior a un determinado importe; y aplicar una exención fiscal del IRPF. Otro epígrafe defiende que los grupos familiares encabezados por persona viuda sean objeto de «especial protección».