La justicia convierte el 'caso Gürtel' en un lastre de años para el PP

El 'caso Gürtel' se ha transformado en un macro proceso que amenaza con lastrar al PP más allá de la actual legislatura. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira acordó ayer el levantamiento parcial del secreto del sumario e hizo pública la lista de imputados, y con ella dio a conocer la dimensión de la que se ha convertido en una de las mayores investigaciones de corrupción de la democracia. 71 acusados, cerca de 50.000 folios de atestados y la advertencia del juez de que la mayor parte del sumario debe seguir aún en la sombra porque faltan meses, incluso años, para desenmarañar la madeja de corruptelas y lavado de dinero tejida por el empresario Francisco Correa dentro y fuera de España.

Pedreira acordó levantar el secreto sólo a la tercera parte del sumario, 17.000 folios. No obstante, hasta el próximo martes los imputados y las partes no los podrán consultar, ya que el volumen de la documentación ha impedido que el tribunal tengan listo todo el material. Durante tres días, los imputados podrán recoger 20 tomos de la causa principal, 14 volúmenes de documentación, tres de medidas cautelares, tres de entradas y registros, uno de administración judicial, uno de comunicación de intervenciones, otro de recusaciones y uno más sobre las investigaciones de las filtraciones del caso. Esa vasta documentación y el listado de imputados hecho público dan cuenta de la envergadura del caso.

Diputados y ex alcaldes

Entre los 71 acusados hay tres diputados autonómicos del PP, cuatro ex alcaldes populares de la Comunidad de Madrid; un puñado de altos cargos del mismo partido, una veintena de 'lavadores' de capitales y 'hombres de paja' del cerebro, otro número similar de empresarios y abogados supuestamente sobornados, así como empleados de las empresas de Correa. Están acusados de blanqueo de dinero, defraudación fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documentos públicos, revelación de secretos y prevaricación.

La relación de imputados, no obstante, podría reducirse porque la Fiscalía ha pedido a Pedreira el sobreseimiento para siete de los acusados, cuyas identidades no han trascendido. En la lista de acusados hay novedades. Se incluye a la esposa de Bárcenas después de que la Agencia Tributaria comprobara un ingreso de más de un millón de euros en 2007 sin justificar que en una de sus cuentas.

También figura entre los procesados el gestor de grandes fortunas, el suizo Arturo Gianfranco Fasana. Este abogado se ha convirtido en una suerte 'testigo de cargo' que colaboró a fondo con Pedreira, a quien desveló los detalles sobre la estructura financiera que el grupo FCS (Francisco Correa Sánchez) diseñó desde 1996 para lavar millones de euros en paraísos fiscales.

El nombre de Fasana podría ser uno de los que desapareciera de la relación de imputados, como José Tomás, el sastre de los trajes de Francisco Camps, cuyas declaraciones fueron claves para saber el alcance de los sobornos en la Comunidad Valenciana.

No está en esa relación el ex eurodiputado Gerardo Galeote, aforado hasta las pasadas elecciones y a quien el juez Garzón acusó de haberse embolsado 652.000 euros en sobornos. El ex parlamentario se mostró ayer seguro de que ha quedado «desimputado» por falta de pruebas. Pero fuentes judiciales precisaron que Galeote se encuentra en una suerte de limbo jurídico, ya que su anterior aforamiento hizo que el caso se remitiera al Supremo.

Más tiempo

Pedreira avisa de que el caso está lejos de llegar a juicio y que la instrucción será larga. Defiende la opacidad de las dos terceras partes del sumario porque de las «numerosas diligencias practicadas» se están derivando otras investigaciones «imprescindibles» para el buen fin del sumario «que podrían verse comprometidas de alzarse el secreto de las actuaciones».

El instructor afirma que si esa información llegara a conocerse, es muy posible que hubiera «destrucción de pruebas», «manipulaciones» e «interferencias» que darían al traste con indagaciones sobre «terceros» relacionados con esta trama «y otras semejantes».

Particular preocupación muestra el juez Pedreira por la «dificultad» para obtener respuesta a las «numerosas comisiones rogatorias internacionales» (15 a ocho países) con el fin de tratar de bloquear los más de 50 millones de euros de la trama localizados en el extranjero.