Una parte que quiere comprar, y la otra desea vender. El encuentro perfecto. Cinco mil familias extremeñas que están de alquiler en viviendas sociales de la Junta han solicitado pasar a ser propietarias, así que empezó ayer la tramitación de la ley que permite al Ejecutivo autonómico quitarse de encima 17.000 pisos.
La ley cuenta con el apoyo también del PP de modo que superó la primera votación y por unanimidad en la Asamblea de Extremadura (59 síes), para pasar ahora al trámite de estudio en detalle y enmiendas parciales.
El texto sustituye al que está en vigor desde 1993 y a cuyo amparo los inquilinos de la Junta han ido comprando 4.798 pisos en estos dieciséis años.
Las condiciones mejoran a partir de ahora ya que los inquilinos podrán comprar no sólo la vivienda sino también los anexos (garajes y trasteros) para acabar con un absurdo en que los vecinos eran dueño del piso pero la Consejería de Fomento del resto.
A buen precio
Del precio oficial se van a descontar todos los alquileres pagados desde que se adjudicó la vivienda, así como las mejoras que el inquilino haya pagado y pueda justificar, con lo que al final el precio medio de estas 17.000 viviendas que ahora van a ir saliendo a oferta de compraventa es de 16.000 euros según el consejero de Fomento, José Luis Quintana.
El proyecto de Ley de Enajenación de Viviendas trae otra mejora respecto a la anterior y es el aumento en las bonificaciones caso de que el inquilino demuestre tener muy pocos ingresos familiares, bonificación que sube del 15 por ciento al 25 por ciento.
El mecanismo de funcionamiento serán ofertas personales de venta que la Consejería irá haciendo a cada adjudicatario, y que deberá aceptar o rechazar en el plazo de un mes (antes eran tres); no es necesario que todo el bloque compre, a diferencia de la situación anterior.
Es «de justicia»
Si el beneficiario decide no aceptar una oferta de venta, no se le descontarán los alquileres que pague a partir de la misma y hasta que se produzca una segunda oportunidad por parte de la Junta.
El precio solicitado por el organismo propietario, actualmente la Consejería de Fomento, está en relación con el precio reglamentario de la vivienda de protección oficial.
Ese departamento podrá acordar con bancos y cajas líneas de financiación a favor de los compradores, sin necesidad de aval como contemplaba la ley anterior.
En el plazo de seis meses desde que se apruebe la nueva legislación, Fomento debe publicar la normativa que detalle y regule las estipulaciones de esta Ley de Enajenación de Viviendas.
Para que se ponga en venta un piso social tienen que pasar cinco años desde su adjudicación.
Es una ley «justa» y que como tal «hace justicia», defiende el consejero de Fomento, José Luis Quintana. Resulta «lógico, útil y un acto de justicia social» poder ofertar la compra voluntaria de estos pisos a sus adjudicatarios para que tengan la seguridad de que viven en un inmueble de su propiedad, y como tal puedan actuar en consecuencia.
Optimista
Fomento estima que un número «muy importante» de adjudicatarios podrá optar por hacer efectiva la compra.
Fundamentalmente porque se les descontarán todas las cantidades que han pagado en concepto de alquiler durante los años previos, y también por el aumento de las bonificaciones, con lo que van a poder comprar su vivienda con un precio que «no tiene competencia».
El Partido Popular, que está de acuerdo con la ley, únicamente ha pedido que el dinero que se obtenga de la venta de las viviendas se destine a construir más pisos de protección oficial en régimen de alquiler, y a otras políticas sociales.
Su diputada Teresa Bravo ve en esta operación una necesidad o afán de recaudar dinero por parte del Ejecutivo autonómico, entre otras cosas por el coste anual de mantener con reparaciones un número tan extenso de viviendas públicas en alquiler.
«¿Usted cree que queremos hacer caja con estas viviendas, que tienen un precio medio de 16.000 euros?», le negó el consejero Quintana.
La partida presupuestaria anual que tiene la Junta destinada a gastos de mantenimiento y reparación ronda los 12,5 millones de euros, revela la diputada del PSOE María Isabel Moreno.
No se privó la popular Teresa Bravo de recordar el error de cálculo cometido por la Junta.
Fomento preveía tener en marcha la operación dentro de este año 2009 y por ello había incluido en los Presupuestos autonómicos unos ingresos de 27 millones de euros procedentes de esta ley. «Vendieron la piel del oso antes de cazarlo».
Los compradores interesados deberán estar al corriente no sólo en el pago de las rentas vencidas en el contrato de alquiler, sino también en las propias de la comunidad de vecinos, además de no haber sido objeto de un expediente de desahucio.
