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Cacereños contra la Ordenanza

CÁCERES

Cacereños contra la Ordenanza

La asociación antirruido justifica su decisión de llevar la Ordenanza del ocio ante los tribunales: crea inseguridad jurídica y sobrepasa competencias

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Qué dice la Ordenanza del ocio sobre un señor que va por la calle dando voces a las tantas de la madrugada? Yo hablo con la Policía y me dice, ¿y qué hacemos? De igual forma, no se indica absolutamente nada sobre el ruido en las calles y en realidad esa es la única materia de competencia municipal». Antonio Durán paseaba ayer por la Ciudad Monumental con un grupo de amigos que habían venido para conocer Cáceres. Con él como guía, es previsible que sacasen dos conclusiones elementales: una, que el viaje merecía la pena por los encantos que reserva al visitante la capital; y dos, que el ruido sigue siendo lo suficientemente molesto como para hacer imposible la vida a muchos vecinos. El debate, promovido por el presidente de la Asociación Cacereños contra el Ruido, llega a los tribunales, que deberán pronunciarse sobre la vigente Ordenanza, publicada en el BOP el pasado 18 de junio y ahora impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ).
La documentación, como ya informó este diario, se entregó el pasado viernes ante el TSJ, justo el último día hábil para ello. Antonio Durán, como presidente de ese colectivo, ha aceptado la invitación de HOY para responder a las dudas que genera una decisión como la de llevar la Ordenanza del ocio (o del ruido) ante la Justicia.
¿Por qué se impugna la Ordenanza del ruido?
«Muy sencillo. Como dijimos siempre, y así lo manifestamos en las alegaciones que se entregaron al Ayuntamiento, la modificación de la Ordenanza se hizo para resolver el problema de los agentes contaminantes (bares, promotores de conciertos..), no el de los ciudadanos que sufrimos la contaminación acústica». Antonio Durán pone ejemplos: ni una sola de las alegaciones presentadas por su asociación ha sido contestada. Además, contradice la versión del concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado: «Se solicitó una entrevista con él a través de otra concejala y no ha habido respuesta».
Los motivos de fondo de la impugnación aluden a más detalles: «La Ordenanza crea inseguridad jurídica y se pone a regular cuestiones que no son competencia municipal, que ya están regulados en leyes de ámbito superior, ya sea a nivel nacional o regional». Durán, resalta que no se trata de una decisión personal con el fin de atacar al actual equipo de Gobierno: «Ya hablamos de ir a los tribunales en la etapa de Gobierno del PP».
¿En qué se basa esa impugnación?
«Las Ordenanzas no pueden abordar y regular -insiste- cuestiones que excedan el ámbito de su propia competencia (...) o que contravengan las disposiciones estatales y autonómicas como así ocurre con el texto de la misma». Cacereños contra el Ruido traslada al juez el asunto ya que este hecho se produce en varios apartados: 1. Al regular la clasificación de actividades; 2. Con su «reglamentación novedosa» en las zonas ambientalmente protegidas («Se han quitado 15 calles de un plumazo sin contar con el visto bueno de la Junta de Extremadura»). 3. En el Régimen de infracciones y sanciones («Carece de competencias. Cualquier bar sancionado lo impugnará, irá a los tribunales y ganará»), y 4. Sobre el propio procedimiento sancionador, que también se considera inadecuado.
Alegaciones
Ya en las alegaciones a la Ordenanza, se denunció la rectificación en la zona saturada de la Plaza Mayor, de la que se sacaban calles y plazas sin haber iniciado antes procedimiento alguno para revocar la declaración inicial de 'zona saturada' de locales. Antonio Durán alarga sus explicaciones cuando apunta a las disposiciones transitorias primera y segunda de la nueva Ordenanza del ruido: «No son más que artimañas para favorecer a determinadas actividades». Al introducir excepciones tanto relativas a la distancia entre locales como a la superficie de los mismos, según Cacereños contra el Ruido, lo que se hace es «beneficiar a un cierto sector, aunque sea incumpliendo la normativa». Su punto de vista es que dichas disposiciones crean «inseguridad jurídica, por cuanto estos preceptos regulados por la Ordenanza, a nuestro juicio y, según el informe jurídico solicitado, van contra Derecho».
La Ordenanza llega al Juzgado, ¿y ahora qué?
«El asunto ya está iniciado y en manos de un bufete de letrados que lo tramita», afirma Antonio Durán. Cacereños contra el Ruido se limita a «esperar el procedimiento y la resolución judicial, que esperamos que sea favorable a nuestros planteamientos», adelanta su presidente. Eso sí, la asociación antirruido reivindica su derecho a alzar la voz: «Hace tres meses se ha realizado por la Policía Local una medición en un ático y dio 41,3 decibelios. Que sepamos, no se ha iniciado expediente sancionador alguno, a pesar de que el máximo permitido son 25 decibelios y a pesar de la aprobación de la nueva Ordenanza. Ello demuestra que se nos engañó cuando se decía que con la entrada en vigor se solucionarían estos problemas».
¿Ha resuelto algún problema la Ordenanza?
«La situación no ha cambiado nada, si acaso a peor», sentencia sin atisbo de duda Antonio Durán, que está convencido de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura aceptará la impugnación de la Ordenanza del ocio, lo que dará lugar a la presentación de la demanda correspondiente, y más tarde una sentencia favorable.
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Antonio Durán, presidente de Cacereños contra el Ruido./ L. MARTÍNEZ
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