Lugar de nacimiento: en las tierras del Anas y Tagus, Guadiana y Tajo. Hija de: lusitanos, romanos, visigodos, hispanomusulmanes. Profesión: territorio autónomo dentro de la nación española. Nombre: Comunidad de Extremadura. Es lo que dice el 'DNI' de la región, el Estatuto de Autonomía, que ayer fue renovado y ahora espera la 'plastificación' en las Cortes.
Mitad necesidad de renovar un texto de hace 26 años, mitad precaución ante las exigencias escritas de comunidades voraces u ofendidas como Cataluña y Andalucía, el Estatuto se votó ayer en el pleno de la Asamblea y consiguió los 62 votos presentes ya que en esto ha habido acuerdo total de PSOE y PP.
Para convertirse en ley orgánica publicable en el Boletín Oficial del Estado debe superar ahora el trámite de las Cortes (Congreso de los Diputados y Senado).
Ahí podría sufrir algún tropiezo ya que el texto exige una inversión extraordinaria del Estado equivalente todos los años al uno por ciento del PIB extremeño (en este 2009 habrían sido 182 millones de euros).
El séptimo en reformarse
El nuevo Estatuto, más breve y claro que el reformado de 1983, es según sus promotores leal con la Constitución y el Estado, pero a la vez exigente en un contexto en que el avance autonómico sigue imparable. Así la Comunidad extremeña además de continuar exigiendo la deuda histórica, reclama (al modo de Cataluña con su aporte al PIB español) unas inversiones ordinarias del Estado equivalentes a la superficie de Extremadura.
Aunque no había prisa alguna, y además los políticos de la región admiten que no era una prioridad sentida por la sociedad, es la séptima en reformar su ley fundamental después de que lo hayan hecho Cataluña, Andalucía, Valencia, Aragón, Baleares, y Castilla y León.
En el trámite han quedado atascadas Castilla-La Mancha, que en principio iba por delante, y Asturias donde los grupos políticos no son capaces de llegar a un acuerdo.
Preocupación económica
Además de una modernización general, recortando alusiones que había en el Estatuto de 1983 como las de la emigración exterior o la reforma agraria, el texto nace en un ambiente de tensión económica en el Estado de las autonomías, que se percibe en que las mayores y más importantes novedades se refieren precisamente a la financiación de la Comunidad.
La ley básica de Extremadura detalla la necesidad de unos recursos suficientes y habituales para el desarrollo de la región.
Al objeto de acelerar el proceso de convergencia con el conjunto nacional y mientras el producto interior bruto por habitante de Extremadura se equipara con el nacional, el Estado realizará «inversiones complementarias» por el equivalente al uno por ciento, «sin perjuicio de las demás de otra naturaleza o fin previstas en el presente Estatuto»; actualmente el PIB por habitante es el 70 por ciento de la media española.
Cataluña exige el 18 por ciento de las inversiones estatales, en proporción a lo que aporta fiscalmente al Estado.
En este Estatuto reformado se previene que para fijar las inversiones anuales ordinarias del Estado en infraestructuras se tenga en cuenta la extensión de la región en relación a toda España (es el 8,2 por ciento), así como la distancia y el tiempo de acceso de la población a las infraestructuras y servicios.
Deuda histórica
El mecanismo de fijación de esa deuda es el mismo de Andalucía, una comisión mixta Gobierno de España-Junta de Extremadura la decidirá de forma negociada, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Estatuto; esta disposición establece que el pago se haga en tres años, pudiendo haber anticipos a cuenta.
La actual reforma del Estatuto autonómico recibió el visto bueno inicial de la Asamblea en el pasado mes de junio. Desde entonces para acá diversos informes, entre ellos los del Consejo Consultivo, han aconsejado algunos cambios, pero no de gran importancia.
Referéndum
Al final ha habido 94 modificaciones, también pactadas por socialistas y populares, entre ellas una referida a la posibilidad de que el Estatuto sea votado en referéndum por el pueblo extremeño,
En cualquier caso el hipotético referéndum no afecta a este texto que se envía ahora a Madrid y que se tramita conforme a los procedimientos ya establecidos.
Será para la siguiente reforma estatutaria donde se prevé un referéndum, que en principio (acuerdo de pleno del pasado mes de junio) debería ser solicitado por el Parlamento extremeño, por mayoría absoluta.
En la redacción definitiva se dice que cualquier reforma del Estatuto aprobada por las Cortes incluirá la autorización del Estado para que la Junta de Extremadura pueda convocar referéndum de ratificación en el plazo de seis meses, siempre que así lo decida una mayoría de dos tercios en la Asamblea.
Asamblea y municipios
En la defensa de esta reforma intervinieron ayer en el pleno de la Asamblea los dos máximos líderes, Guillermo Fernández Vara y el presidente regional del PP, José Antonio Monago.
También los diputados ponentes, Ignacio Sánchez Amor (portavoz del Grupo Socialista) y Manuel Barroso (PP).
El presidente de la Junta destaca el acuerdo alcanzado, que ha dado lugar al único Estatuto posible, el pactado, ya que, admitió, «no es el que habríamos hecho ni nosotros, ni el PP». Cuando la Constitución alumbró el Estado de las autonomías «nadie pensó a dónde nos iba a llevar», a una amplia cesión de competencias estatales, y a unas autonomías potentes, no exentas de críticas frente a lo cual lo conveniente es «la cooperación y la utilidad al ciudadano».
Si los primeros 26 años de autonomía han servido para consolidar al Gobierno regional, a la Junta, llega a partir de este momento la oportunidad de potenciar el poder del Parlamento y de los municipios, promete Vara.
Con este Estatuto puede gobernar cualquier partido político, alaba José Antonio Monago el resultado, que supone una «lección» para el resto de España ya que «hemos hecho región y no trinchera».
El líder popular espera ahora el respeto de las Cortes y confía en que nadie tenga la tentación de «descoser» lo tejido en Extremadura, y menos aquellos que, «teniendo razones fundadas para hacerlo», no aplicaron la «tijera» a otros estatutos.
Trámite
El texto tiene que ser admitido por la Mesa del Congreso, que convocará un pleno para votar su toma en consideración; se abrirá un plazo de enmiendas, se estudia en la comisión constitucional y va a pleno. Una vez aprobado va al Senado, donde si no hay enmiendas queda aprobado; en caso contrario vuelve al Congreso.
La previsión es que esté aprobado por las Cortes en febrero del próximo año.
