El Tribunal Constitucional no dictará sentencia sobre el recurso presentado por el PP contra más de un centenar de artículos y aspectos del Estatuto de Cataluña al menos hasta el próximo otoño, según confirmaron fuentes jurídicas. Después de unos meses de junio y julio de constantes reuniones en las que pareció que sería posible un acuerdo mayoritario del tribunal para dictar la resolución este mismo verano, la mayor parte de los miembros del tribunal se ha ido de vacaciones con el tercer borrador de sentencia sobre la mesa y con muchos aspectos del texto aún por deliberar.
El PP recurrió el nuevo Estatuto ante el Constitucional hace tres años por considerar que buena parte del texto aprobado por el Parlamento autonómico, por el Congreso y el Senado y ratificado en referendo por los ciudadanos de Cataluña era ilegal y violaba la Constitución. Desde entonces, el pleno del tribunal lleva más de año y medio de deliberaciones sin ser capaz de poner de acuerdo a los cinco magistrados progresistas y cinco conservadores que componen la sala. Los juristas conservadores fueron inicialmente mayoría, al lograr el PP recusar a Pablo Pérez Tremps, pero regresaron al empate en mayo de 2008, con la muerte de Roberto García Calvo.
Las fuentes consultadas indicaron que no hay prevista reunión alguna del pleno del tribunal hasta septiembre, aunque no se descarta que la ponente de la sentencia, Elisa Pérez, y algún otro magistrado mantengan contactos informales en agosto para desatascar alguno de los puntos más conflictivos.
La discusión de los magistrados está centrada desde hace algo más de quince días en el tercer borrador de sentencia que elaboró la ponente, que en principio se pensó que podía ser el definitivo. Se confeccionó tras los dos meses de debate jurídico sostenidos, entre abril y junio, sobre el segundo borrador. El texto cuenta con algo más de 800 folios y tiene sin redactar el fallo del recurso.
Nadie se atreve a pronosticar cuánto tiempo tardará el tribunal en tener un fallo tras su regreso en septiembre, porque al parecer aún persisten los desacuerdos en aspectos tan sustanciales del Estatuto como el término nación que incluye el preámbulo o el modelo de financiación autonómica que establece con el Estado. El borrador en discusión dibuja una sentencia en la que muy pocos aspectos del texto, y ninguno sustancial, podrían ser declarados inconstitucionales. La mayor parte de los artículos recurridos pasaría el filtro del tribunal siempre que en su desarrollo y aplicación se interpretasen tal y como indicará el tribunal. En otras palabras, la sentencia, fundamentalmente, marcará las líneas rojas que no puede traspasar Cataluña en el desarrollo del Estatuto, en su mayor parte por tratarse de aspectos que son competencia del Gobierno central.
También es una incógnita con qué mayoría puede validarse el Estatuto. Si se mantiene el mayor de los enfrentamientos sería un empate sólo roto por el voto de calidad de la presidenta progresista, María Emilia Casas. Éste es el escenario que nadie quiere.
La segunda opción sería atraer, al menos para los aspectos más polémicos del texto, el apoyo de uno o dos de los magistrados conservadores menos beligerantes. Así se lograría una mayoría cercana a los dos tercios y se daría mayor solidez al fallo.
