ECONOMÍA
Zapatero anunció ayer que propondrá modificaciones legislativas para establecer los parámetros de la vida útil de las centrales nucleares
06.07.09 -
Grandes paneles solares para la obtención de energía fotovoltaica. / RC
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que presentará en otoño en el Congreso de los Diputados un plan de perspectivas energéticas hasta 2030, que incluirá un análisis de las necesidades del país y del coste de los distintos tipos de energía. El plan vendrá a consolidar el punto de partida del cambio de modelo productivo que preconiza el Ejecutivo, entre otros motivos, para que el impacto de futuras crisis no sea tan demoledor como el de la actual. Rodríguez Zapatero apuesta por aumentar el peso de las fuentes renovables frente a las no renovables.
El Gobierno quiere que el plan energético se convierta es la base cuantitativa en la que se mire la Ley de Economía Sostenible, el macroproyecto que el presidente Zapatero ya adelantó en el último Debate del estado de la Nación y que espera que se sea el «impulso legislativo» para esa evolución económica. En principio, este tipo de políticas cuenta con el apoyo de los agentes sociales.
La intención del Ejecutivo es avanzar primero las bases de este proyecto de ley y en otoño hacer público el citado plan energético que abarcará hasta el horizonte 2030. Para ello, tiene previsto aprobar su programa en el Consejo de Ministros de mediados de agosto y enviarlo al Parlamento por vía de urgencia la primera semana de septiembre.
La razón de esta celeridad es que -debido al impacto económico de sus medidas- las necesidades financieras y sus consecuencias tengan cabida en los presupuestos generales del Estado para el próximo curso. Las cuentas de 2010 se debatirán en el Congreso desde septiembre hasta diciembre.
Generalidades
De las líneas maestras del proyecto de ley sólo se han avanzado generalidades, como que incluirá propuestas para racionalizar el desarrollo del sector inmobiliario y evitar cualquier 'burbuja' de la construcción, impulsar la productividad basada en el conocimiento y la innovación, medidas fiscales y presupuestarias o el impulso de fuentes alternativas. Cada capítulo se presenta bastante complejo y, sin duda, serán necesarias múltiples explicaciones.
Unas medidas que, en todo caso, «plantearán resistencia», aventuró el presidente del Gobierno, que ayer asistió a la inauguración de un curso de verano de la Fundación socialista Jaime Vera, que se celebra en la localidad madrileña de Galapagar. Según Rodríguez Zapatero, «en todas la naciones la energía hoy está en manos de cuatro o cinco grupos con capacidad de concentrarse. Pero, dentro de unos años, estará en manos de mucha más gente, de comunidades de vecinos, de particulares que se autogestionen. Vamos hacia la democratización de la producción energética», señaló.
El objetivo del Ejecutivo es que España pueda llegar al 20% de energías renovables dentro de unos años. Para ello, dijo, «hay que dar pasos en esa dirección» y que «lo sepan las empresas». «Las renovables son el futuro. Mientras Francia ha optado por ser una potencia nuclear, nosotros miramos a un campo (el de las renovables) en el que queremos seguir siendo pioneros». Cree que tras la crisis financiera vendrá la crisis de la sostenibilidad.
Por este motivo, quiere establecer los mimbres para que la economía española dé pasos de gigante en este apartado y no sufrir jamás efectos similares a los que ha originado la recesión actual. A su juicio, la solución es sencilla: «miras largas y no caer en el economicismo de corto alcance» que promulgan los neoconservadores.
Centrales nucleares
El Gobierno no va a esperar un segundo para paliar los «déficits» que presenta la legislación nuclear española, cuya última reforma data de 1980. Por ello Zapatero anunció ayer que propondrá un paquete de modificaciones legislativas que, entre otras novedades, establezca los parámetros de la vida útil de las centrales nucleares, las condiciones para la obtención de la prórroga o la obligación de elaborar informes de impacto ambiental.
Anunció que tiene previsto endurecer la renovación de las prórrogas a medida que pasan los años frente a la legislación actual, que dilata las mismas hasta 10 años cuando la central cumple los 30. A estas reformas hay que añadir la futura obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental. Una cuestión que tampoco incluye la actual legislación y que el Gobierno prevé corregir, según anunció Zapatero, para el que «no es posible» que se exija un informe ambiental para una obra pública, por pequeña que sea, mientras que no se pide para prorrogar la vida de una central .
El presidente del Gobierno insistió en que la decisión adoptada el pasado viernes de cerrar definitivamente la central nuclear de Garoña en 2013 fue resuelta de manera autónoma y sin dejarse condicionar por las presiones de los distintos grupos económicos.
