El pasado 23 de febrero, coincidiendo con el 26 aniversario de la expropiación, Nueva Rumasa inició un amplio despliegue publicitario para anunciar la emisión de pagarés a un año y con una rentabilidad «garantizada» de un 8% anual. Su finalidad, «la adquisición de empresas que representan auténticas oportunidades de negocio en los momentos actuales», y la única condición, que la suscripción mínima sea de 50.000 euros.

Sin embargo, y a pesar de que desde Nueva Rumasa afirman que esta emisión «ha despertado un enorme interés» y en el mes y medio transcurrido se ha obtenido un «extraordinario resultado», la operación despierta las suspicacias de los analistas financieros.

Para empezar, la emisión de pagarés, aunque frecuente en el mundo anglosajón para obtener financiación al margen de los bancos, en España es poco habitual en una compañía no cotizada y prácticamente se ha limitado a empresas semipúblicas respaldadas por el Estado. La operación no está supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya que, además de que la empresa no cotiza en Bolsa, requiere una inversión mínima de 50.000 euros, por lo que se considera que va dirigida a inversores cualificados y, por tanto, queda fuera de su control. Tampoco es competencia del Banco de España porque no se trata de una entidad financiera, por lo que la única vía de reclamación, en caso de incumplimiento, es la judicial.

Los expertos también consideran que el plazo de la emisión, un año, es demasiado corto como para financiar adquisiciones que, normalmente, requieren más tiempo para producir la suficiente rentabilidad. Y, finalmente, los pagarés se emiten sobre la firma Carcesa, adquirida a Kraft y que integra las marcas Apis y Fruco, pero de la que no es posible conocer sus resultados actualizados.

Demasiados puntos oscuros que hacen de esta inversión -«magnífica oportunidad», rezan sus anuncios- una auténtica cuestión de fe.