La construcción de urbanizaciones asociadas a campos de golf aunque sea con cierto respeto a la naturaleza está gafada en Extremadura. La Junta legisló tarde, cuando decaía el boom inmobiliario, y ahora el Tribunal Superior de Justicia ha tirado por tierra el decreto regulador de marzo de 2007.

El Gobierno regional acata la sentencia, expresa su respeto al demandante que ha ganado, la organización ecologista Adenex, pero cree que la idea de fondo es buena y habrá que recogerla en la reforma de la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio que está en trámite, anunció ayer el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

El Tribunal Superior de Extremadura ha considerado nula de pleno derecho esa regulación de 2007 que autorizaba la construcción en terrenos no urbanizables de residencias turísticas, completadas con hoteles o campos de golf, siempre que parte de las viviendas estuvieran dedicadas a personas mayores y familias encargadas de cuidarlas.

Dos años después ningún proyecto ha sido autorizado según el consejero de Fomento, José Luis Quintana, por lo tanto no hay ninguna empresa perjudicada por la anulación judicial.

Según eso no ha cuajado ninguno de los proyectos que se anunciaron en Alange, Mérida (Proserpina) o Plasencia.

El presidente Vara recuerda que el único objetivo del decreto era fomentar el desarrollo de la región mediante el turismo residencial, una filosofía que su gobierno no abandona y por eso recogerá en la nueva Ley del Suelo los ajustes indicados por los jueces.

El PP ha pedido la comparecencia parlamentaria de altos cargos de la Junta para que expliquen este «bluf» y «chapuza».