Las protectoras de animales, dispuestas a acabar con las 'perreras-matadero'

Días atrás los asistentes en Las Mestas (Hurdes) a la clausura del XXV aniversario autonómico se sorprendieron al oir al presidente Fernández Vara decir que una de las tareas próximas es la protección de los animales. Lleva pendiente desde hace siete años cuando se aprobó la ley autonómica. La normativa es «preciosa» pero «nadie se ha preocupado ni siquiera de leerla», acusaba ayer María Ángeles Gómez, presidenta de la nueva federación de protectoras de animales de Extremadura (FEPAEX). La forman las sociedades locales de Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Guareña, Mérida, Miajadas, Valencia de Alcántara y próximamente Plasencia. Hartas de la situación, y de llevar sobre los hombros casi toda la responsabilidad del problema, nueve asociaciones locales se han plantado y formado la federación para intentar que la Administración aplique la ley y con ello acabe con las «perreras-matadero» municipales y provinciales. «Estamos desbordadas y hemos tocado fondo», advertía ayer en Mérida en la presentación pública de Fepaex. «Llevo seis años en esto, he salvado muchísimos perros pero a costa de mi tiempo, de la familia, de mi dinero y de mi salud; y eso porque la Administración se ha desentendido puesto que había unas cuantas 'locas' que ya lo hacían, pero nuestra labor no es recoger animales abandonados». Atajar el maltrato Ante una situación tan crítica han mantenido contactos con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que ha decidido impulsar según Fepaex el desarrollo y aplicación de la ley 5/2002 de Protección de los Animales en Extremadura, en vigor desde septiembre de aquel año. La federación quiere que la Junta cumpla con su obligación de cuidar de los animales «para que no sean maltratados», tal y como establece la ley y sobre todo perros y gatos, que son contra los que se produce el mayor maltrato en forma de abandonos. A corto plazo las protectoras se han marcado cinco objetivos: un decreto sobre el sacrificio, formación para las personas que trabajan con animales, sustituir las actuales 'perreras-matadero' por centros de acogida, campaña de implantación de microchips identificativos a bajo coste, y acciones de inspección y vigilancia. El sacrificio La ley 2002 autoriza a los municipios a sacrificar a los animales abandonados en el plazo de 20 días (antes algunas ordenanzas locales lo permitían en sólo 10). Exige que el sacrificio se haga con métodos indoloros y previo aturdimiento del animal. En Fepaex sospechan que en muchos casos no es así, y que se da muerte con inyecciones intracardiacas en las que el perro se da perfectamente cuenta y además sufre, sostiene Hugo Alonso, directivo de la federación. En general estas asociaciones se ven incapaces de procurar la protección de los animales por falta de desarrollo de la ley de 2002. Acuden a los juzgados en casos de maltrato y abandono pero los jueces no encuentran legislación que aplicar. Mediante acuerdos con los ayuntamientos las asociaciones protectoras locales han ido asumiendo unas responsabilidades que ya les pesan demasiado. Algunos municipios les dan cantidades «irrisorias», de 200 euros al año para pienso, otros sí cumplen con subvenciones de hasta 60.000. Existen por esa carga «que no es nuestra» situaciones personales «dramáticas». Socios que ponen su dinero y mucho tiempo. «Conozco el caso de una persona que lleva siete años sin coger vacaciones porque pasa todo el tiempo dedicado a la perrera». Control de natalidad La protección de los animales es un asunto «peliagudo», y la razón por la que Hugo Alonso cree que la Junta no lo ha abordado en estos siete años. Hay muchos intereses creados. Fepaex es consciente de que en la actualidad sobran perros y gatos, «hay más de los que la sociedad puede absorber», por eso ve inevitable de momento el sacrificio pero propone un programa de control de sobrepoblación canina y felina a base de castración de hembras jóvenes, que podría hacer que en 10 años no hicieran falta las perreras. La creación de un Servicio de Protección Animal en la Junta es la consecuencia obligada de todas estas propuestas. Ahora el asunto lo lleva la Consejería de Agricultura, posiblemente en el futuro el nuevo servicio quede adscrito a alguna vicepresidencia de la Junta. Desde el 2002 «nuestros animales tienen unos derechos otorgados por una ley, la gran desconocida, que pondría fin a mucho sufrimiento evitable si existiera la voluntad política de aplicarla. Hemos perdido seis preciosos años en los que nuestros animales han sufrido innecesaria e injustamente, pero creemos que con Guillermo Fernández Vara en la Presidencia su suerte va a cambiar», confía la presidenta Ángeles Gómez.