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Imagen de archivo de la casa que Antonio Cabanillas, ex alcalde de Orellana, construyó en el embalse./ HOY
Otros altos cargos tienen casa en el pantano de Orellana, pero son legales
LAS EDIFICARON EN LO 90

Otros altos cargos tienen casa en el pantano de Orellana, pero son legales

José Luis Viñuela, Pedro García Ramos y Antonio Cabanillas edificaron sus viviendas en los años 90

M.M.

Viernes, 6 de febrero 2009, 19:57

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«Yo no hubiera movido un ladrillo sin contar con licencia, y menos siendo alcalde», afirma Antonio Cabanillas, ex alcalde de Orellana la Vieja y ex diputado provincial. El nombre de Cabanillas es uno de los que ha circulado estos días como propietario de una vivienda junto al embalse de Orellana. Junto a él, los rumores y los comentarios en Internet apuntaban a otros dos altos cargos socialistas, José Luis Viñuela, parlamentario socialista y ex alcalde de Don Benito, y Pedro García Ramos, director general de Consumo de la Junta. En declaraciones a HOY los tres reconocieron que tienen viviendas en la zona, pero en los tres casos son legales. Las construyeron en los años 90, cuando no era un espacio protegido y los ayuntamientos daban licencia para edificar junto al pantano. Pedro García Ramos aportó incluso el resguardo de la licencia de obras concedida por el ayuntamiento de Orellanita, con fecha del 8 de junio de 1992. José Luis Viñuela explicó a HOY que compró el terreno, que está en el término de Navalvillar de Pela, en 1992. Son 17 hectáreas que dedica a una explotación agraria y en la que construyó entre el 93 y el 94 una vivienda. También pidió los permisos a la Confederación para el riego y a Medio Ambiente. «No tengo documentalmente la licencia porque la pedí y a los 30 días, al no ser concedida, se considera que la respuesta es positiva por silencio administrativo. Que yo sepa no tengo ninguna denuncia del SEPRONA». La declaración de espacio protegido y su inclusión en la Red Natura 2000 es posterior y ha supuesto que no se puedan conceder licencias de construcción en la zona y que la Fiscalía tenga abiertas más de medio centenar de denuncias por construcciones ilegales. Aunque ninguno de los tres destacados socialistas critica a su compañero el alcalde de Villanueva (cuya esposa ha sido denunciada ante el juzgado por levantar una vivienda junto al embalse), sí dejan claro que su situación no es similar. Cabanillas recuerda incluso que su caso lo sacó la luz en el 93 el Ayuntamiento de Orellanita, cuando él todavía era alcalde, por no disponer de proyecto, y él pidió la legalización de las obras. Pedro García Ramos señala que en los años 90, cuando él construyó la casa, había muy pocas viviendas. «A mi mujer le daba miedo quedarse aquí. Ha sido a partir del año 2000 cuando han proliferado las construcciones y el Ayuntamiento de Orellanita dejó de dar licencias porque la ley ya no se lo permite». Antonio Cabanillas apunta que ha sido en los dos últimos años cuando se han multiplicado las construcciones en el entorno del embalse y ha empezado a actuar el SEPRONA. José Luis Viñuela afirma que sería necesario que se regulara la construcción en el entorno del pantano. Es decir, que se fijaran las zonas restringidas donde no se puede construir y aquellas en que sí se puede hacer de manera controlada, aun siendo espacio protegido. «Eso está previsto que se haga, pero no se ha aprobado todavía». A pesar de ello, Viñuela afirma que respeta la actuación de la Fiscalía y el Seprona, ya que se limitan a cumplir el trabajo que les fija la ley. «No se puede hacer la vista gorda porque puede dar lugar a problemas. Cuando yo era alcalde de Don Benito me encontré con que había pozos de captación de agua junto a fosas sépticas. Era incluso un riesgo sanitario». ¿Se puede legalizar? En cuanto a la posibilidad de legalizar viviendas como las denunciadas ante el juzgado, Viñuela es cauto: «No quiero decir que todo sea legalizable, habrá que analizarlo». También Antonio Cabanillas considera que debe ordenarse la zona para permitir su desarrollo turístico. Pero denuncia retrasos en la aprobación del PRUG (Plan de uso y gestión de la zona del embalse de Orellana), lo que está propiciando las construcciones incontroladas y las posteriores denuncias ante los juzgados.

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