Ángel Robina Blanco-Morales es licenciado en Veterinaria, Biología y Derecho, doctor en Veterinaria, y catedrático de Universidad desde 1986. Además, fue decano de la Facultad de Veterinaria y director general de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Junta de Extremadura. Semejante currículo debería ser el mejor garante de su personal aportación y dedicación a la enseñanza universitaria extremeña. Sin embargo, este profesional denuncia que el proceso de evaluación de la labor docente que se está llevando a cabo en la universidad extremeña, a través de la convocatoria de complementos retributivos adicionales, pone su trayectoria en tela de juicio y «atenta contra la dignidad de todo el profesorado».

Comparten su opinión otros 100 profesores de la UEx, entre los que se encuentran tres ex rectores, ex vicerrectores, ex decanos, jefes de departamento y varios profesores e investigadores. El pasado noviembre constituyeron la 'Asociación para la defensa de la Carrera Académica del Profesorado de la Universidad de Extremadura' a fin de denunciar que se está valorando al profesorado mediante un sistema que «lesiona la dignidad» de su trayectoria profesional. «Queremos denunciar la historia de todo un desafuero desde la indignación que nace del corazón de los docentes. Nos sentimos verdaderamente dolidos porque se ha puesto en duda nuestro compromiso con la universidad y, por tanto, con la sociedad extremeña», subraya Robina, presidente de la asociación.

Advierten de que, mientras que la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad del Profesorado (ANECA) evalúa a los docentes en base a tres parámetros, como son la preparación de las clases, el desarrollo y ejecución de las mismas, y los resultados de éstas, «la Junta de Extremadura va más allá, y considera que para ser un buen profesor hay que participar en actividades culturales y ocupar cargos públicos, incluso sin que se den clases».

Culpables

Señalan tres 'culpables' de gestar dicha situación: «Existe una responsabilidad normativa, por parte de la consejería competente, una responsabilidad ejecutiva de quien ha liderado el proceso, en este caso el Consejo Social, y una responsabilidad participativa, por parte del Rectorado, con el rector a la cabeza, que ha demostrado tener una absoluta falta de liderazgo», describe Robina.