La asociación de afectados del vuelo KJ 5022, que ayer se presentó de forma pública en Las Palmas de Gran Canaria, criticó las presiones ejercidas por varios despachos de abogados estadounidenses que poco días después del siniestro ofrecieron sus servicios para denunciar a la compañía Boeing, fabricante del modelo McDonell Douglas 82 que se estrelló en Barajas, causando la muerte de 154 personas el pasado agosto.

Uno de estos bufetes, Ribbek Law, ya anunció el pasado 4 de septiembre que había interpuesto una denuncia en un juzgado de Chicago contra Boeing por su posible responsabilidad en el accidente. La propia asociación de afectados, que representa a 65 víctimas mortales y que nace con el objetivo «de saber cómo y por qué» se produjo el accidente, aseguró que estudia la posibilidad de personarse en Estados Unidos pese a que el proceso penal se está sustanciando en España.

Hasta la fecha, 135 familiares de las víctimas han recibido ya el adelanto de la indemnización final por parte de Mapfre, entidad aseguradora de Spanair, una vez que han acreditado ser beneficiarios.

Por otra parte, la investigación judicial sigue su curso con los interrogatorios a testigos indirectos. El técnico que suministró combustible en el avión después de que éste abortase el primer intento de despegue reconoció ayer que vio encendidas dos luces rojas en el morro del aparato cuando «lo habitual» es que éstas estén apagadas durante el repostaje.

Guillermo C. L. explicó en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid que no informó al copiloto del encendido erróneo de las luces anticolisión, pese a que ambos permanecieron a los pies del aparato mientras repostaban. Algunos abogados de las víctimas creen que esta omisión del técnico podría costarle una imputación.