Cada día 16.000 alumnos de educación secundaria se trasladan a estudiar a otra localidad en autobús. Una enorme flota de vehículos privados, contratados por la Junta, cubre 648 rutas. El Gobierno regional afronta este curso la ampliación de la gratuidad del transporte escolar a los alumnos de bachillerato y ciclos formativos.

Esta nueva realidad exige la utilización en algunos casos de plazas en autobuses de línea regular, donde el número de estudiantes es tan pequeño que no tiene cuenta poner un vehículo completo.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto que regula todo este transporte bajo las máximas de seguridad y calidad.

Reducir el abandono

La mayor novedad es que pone negro sobre blanco el derecho que tienen los alumnos de secundaria no obligatoria, es decir de bachillerato y ciclos formativos, a ser transportados también de manera gratuita.

Hasta ahora se beneficiaban principalmente los de secundaria obligatoria (ESO).

El objetivo es reducir las cifras de abandono escolar. Muchos chicos dejan los estudios tras conseguir el título de ESO, máxime si para seguir el bachillerato o los ciclos formativos (vertiente más profesional) tienen que hacerlo en otra localidad distinta a la que residen.

El nuevo decreto de transporte escolar prevé hasta cinco modalidades distintas, desde la que se utiliza hasta el momento, que es la contratación con empresas privadas, hasta el convenio con los ayuntamientos.

En este último caso la normativa habla de acuerdos con entidades locales e instituciones sin ánimo de lucro.

Como tercera posibilidad figura la contratación de las plazas necesarias en servicios de transporte público regular permanente de viajeros de uso general.

Es una modalidad que se está imponiendo tras la ampliación de la gratuidad a la secundaria no obligatoria; en ese caso Educación contrata las plazas necesarias en un coche de línea y paga a la empresa por la ocupación anual.

Empresa pública

Los estudiantes podrían desplazarse también por medio de las ayudas específicas que convoque la Consejería de Educación, y por último se prevé la vía de prestación directa del servicio, a través de una empresa de carácter mixto (participada por capital público y privado) o totalmente pública; esta posibilidad extrema ya venía contemplada en el decreto hasta ahora vigente.

La Asociación Regional de Transporte Escolar no ha querido opinar de este decreto hasta que se publique y lo pueda estudiar en profundidad.

Aunque periódicamente hay algunos desacuerdos con la Junta sobre el coste por la prestación del servicio -con advertencias de huelga incluidas-, no ha habido conflicto que finalmente no se haya resuelto, el último durante el curso pasado por la actualización de los precios.

Para más estudiantes

Del transporte escolar se benefician, según el decreto, alumnos que cursen las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, de cualquier etapa de la enseñanza obligatoria, programas de cualificación profesional inicial, bachillerato y ciclos formativos (la Junta es el primer gobierno autonómico que lo hace), y en cualquier modalidad de escolarización, desde el lugar «donde técnica y legalmente sea posible» hasta el centro de enseñanza.

La Consejería de Educación planifica las rutas de transporte para cada curso escolar, pudiéndose agrupar las rutas por zonas; cada una de ellas es objeto de adjudicación individual.

La nueva normativa establece que la duración máxima del viaje en las rutas contratadas por la Consejería no podrá superar los 45 minutos en cada sentido; sólo excepcionalmente pueden autorizarse itinerarios superiores y sin que superen los 60 minutos.

El acompañante del servicio de transporte escolar debe atender al alumnado desde el momento en el que sube al vehículo hasta su entrada y salida del recinto escolar; vela por su seguridad en las paradas establecidas; hace cumplir los derechos y deberes de los estudiantes durante el recorrido, y asegura el cumplimiento de las normas de uso del autobús.

Actualmente hay acompañante en las rutas con más de ocho alumnos.

Cambio en Función Pública y Justicia

El Consejo de Gobierno aprobó ayer los decretos de cese de Rafael Pérez Cuadrado como director general de la Función Pública y el nombramiento de José Antonio García Hernández para ese mismo cargo.

Asimismo, decretó el nombramiento de Rafael Pérez Cuadrado como director general de Justicia e Interior. Tras la decisión tomada días atrás por el presidente de la Junta, Fernández Vara, de asignar las competencias de Justicia a la Consejería de Administración Pública y Hacienda, Pérez será el encargado de negociar la asunción con el Ministerio.

El nuevo director general de la Función Pública nació en Hervás en 1947, es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca (1970) y asesor fiscal de empresas por el Icade (en 1976). Ejerció la abogacía y fue profesor de Derecho del Trabajo y Empresarial en un instituto durante cuatro años. Ha sido secretario general y letrado mayor de la Asamblea de Extremadura desde su constitución en 1983 hasta 1995; actualmente es letrado de la Cámara regional.