Entre la prisión y la calle

El cerco judicial contra la izquierda abertzale se ha estrechado esta semana con las sentencias de ilegalización de ANV y EHAK dictadas por el Supremo y la condena a 21 dirigentes de las Gestoras Pro Amnistía a penas de entre ocho y diez años de cárcel. Muchos de los líderes abertzales están ahora en prisión provisional, inmersos en distintos sumarios en calidad de acusados por pertenencia a organización terrorista, y seguramente serán condenados a penas importantes. Si ellos mismos no le ponen remedio, su futuro está más cerca de la prisión que de la calle.

Nunca había sufrido la izquierda abertzale un descabezamiento similar. Lo decía hace muy poco Rafa Díez Usabiaga en un artículo publicado con motivo del décimo aniversario del Pacto de Lizarra-Garazi. Al referirse a la estrategia de bloqueo de PP y PSOE afirmaba: «El Estado ha golpeado muy fuerte a la izquierda abertzale como motor y dinamizador del cambio político». En su día ya anunció el ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, que la ruptura de la tregua la pagaría ETA.

No hay duda que al referirse a ETA estaba apuntando a más gente. Lo ha recordado esta misma semana al afirmar que «la sentencia sobre Gestoras Pro Amnistía confirma en sede judicial algo que sabíamos: que ETA es más que un conjunto de pistoleros». Hace justamente dos meses, aprovechando el anuncio de la desarticulación de gran parte del comando Vizcaya, invitó a la banda a desistir. Advirtió entonces de algo que la organización terrorista conoce, y con ella los dirigentes de la izquierda abertzale: «Algunos parece que van siendo conscientes de esta situación absolutamente irreversible. ¿El resto? Cuanto antes se den cuenta mejor para ellos y para todos».

Dificultades graves

Nadie con sentido común puede negar la dificultad grave que supone para este movimiento político la estrategia de ilegalizaciones y encarcelamientos puesta en marcha con la aplicación por los tribunales del criterio de que los llamados 'entornos de ETA' también son ETA. Una tesis de naturaleza eminentemente política que se ha convertido en criterio judicial, pero cuya solidez es muy discutida en ámbitos especializados del Derecho Constitucional y Penal. Sin embargo, sin restar importancia a las consecuencias derivadas de la Ley de Partidos, el elemento de mayor riesgo para la supervivencia y continuidad de la izquierda abertzale no está en el acoso judicial y policial. Está en la persistencia de ETA, en su decisión de continuar con la violencia, así como en la incapacidad histórica de la izquierda abertzale civil para ejercer la dirección política sobre ella. O, al menos, para romper amarras.

Desde hace tiempo, pero particularmente tras la ruptura de la tregua anunciada con motivo del Pacto de Lizarra, la vuelta a la 'lucha armada' ha generado tensiones y crisis en el mundo de la izquierda abertzale. El nacionalismo radical había conseguido atraer hacia sí al resto de las formaciones nacionalistas, articulando una plataforma social y política en la que era indiscutible la capacidad de liderazgo de dirigentes como Otegi. Por eso, la vuelta a la violencia por parte de ETA empieza a vivirse como un problema propio. Un problema con consecuencias conocidas: la importante pérdida de votos en las autonómicas de mayo de 2001, que redujo a la mitad su grupo parlamentario, constituye un reflejo claro de la censura impuesta por los electores a ETA y del castigo a Batasuna por su papel subordinado.

En la parte más civil de este entramado social y político está muy extendida la idea de que la 'lucha armada' ya no es útil, que no les sirve para avanzar en la materialización de su proyecto, que les trae muchos más problemas que ventajas. Una percepción que parte de reconocer el agotamiento de la estrategia político-militar aplicada durante todos estos años bajo la dirección y el control de la llamada 'vanguardia armada'.

No hay en ello una reconsideración ética o moral sobre la violencia sino un criterio estrictamente político. La reflexión que se esconde tras la propuesta de Anoeta, bajo el manto de la doble negociación, es el reconocimiento de que esa estrategia está agotada, de que la organización armada ya ha finalizado su recorrido y ha llegado la hora de pasar el relevo a la política. Todo ello, adornado con una escenografía singular en aras a justificar un desenlace digno, así como para asentar y extender -sobre todo entre su misma clientela- la idea de la 'inevitabilidad histórica de ETA' para llegar hasta donde ha llegado la izquierda abertzale.

Esta percepción de que la estrategia de la violencia está agotada alcanza también a la propia organización, y particularmente se ha extendido en el ámbito de los presos. En este momento se desconoce la dimensión real del problema que tiene ETA en las cárceles, pero es evidente que ese eslabón se ha ido debilitando.

¿La razón? La inercia continuista de vuelta al pasado, sin ofrecer más alternativa que la fe en los efectos liberadores de la violencia. Lo decían esta misma semana los presos Guisasola y Urrosolo. En su artículo 'Desde la cárcel de Córdoba', al referirse a las posiciones de Txelis y Kepa, traían a colación la actuación en Irlanda, destacando la firmeza de los dirigentes republicanos y recordaban unas declaraciones de Martin McGuinness sobre el corazón del problema: «Dijimos claramente a nuestra gente que no podíamos seguir con la lucha armada estancada otros 20 años». Parece bastante claro que la actitud de los presos va a ser determinante en cualquier decisión de calado sobre la continuidad o cese de la violencia.

El futuro

No hay más futuro que el desistimiento voluntario de ETA, con soluciones negociadas y garantías suficientes para los presos como cuestión prioritaria y fundamental. Cualquier otra opción es seguir cavando la fosa. Ese horizonte, con el escenario de fondo del cese definitivo de la violencia, es el único que permitiría a la izquierda abertzale dar la vuelta a la actual situación. Y, para llegar a él, se tienen que dar cuenta de que su batalla principal no está en convencer a los magistrados del Supremo ni a los burukides del PNV. Tienen que convencer a los dirigentes de ETA para que se produzca el desistimiento a petición precisamente de la izquierda abertzale. Ese es su valor añadido.

Es probable que haya gente trabajando ya en ese cometido. Personas que se plantean la recuperación de la legalidad para la izquierda abertzale no bajo parámetros de la condena a ETA, sino en términos de pedirle que cese en la violencia. Ese es el terreno de encuentro que puede permitir la vertebración de un soberanismo exclusivamente civil y pacífico.

Sólo así sería posible propiciar la estrategia de la acumulación de fuerzas que demandan distintos sectores políticos y sindicales. En ese mismo artículo antes aludido, Díez Usabiaga hacía un llamamiento a regenerar o reformular un nuevo Lizarra-Garazi, como fórmula para la acumulación de fuerzas y requisito previo para abordar pactos transversales. Se aproximaba así a la estrategia propuesta por José Elorrieta durante el último proceso de paz, en contra de lo defendido por el tándem formado por Otegi y el mismo Usabiaga.

Un nuevo Lizarra-Garazi sin ETA, y probablemente también sin el PNV, cuyo rasgo más característico sería la idea de acumulación de fuerzas pero no frente al Estado, sino para articular un proyecto para «un gran sector abertzale y progresista de Euskal Herria». Un proyecto capaz, utilizando las expresiones del ex líder sindical, de influir decisivamente en el carácter del cambio político y social frente «a la decantación estratégica que se percibe en el PNV». No se trataría de una mera operación coyuntural de presentación de unas 'listas blancas'; sería lógicamente algo más importante, más estratégico, y, desde luego, más inteligente por su parte.