Pasada la una del mediodía Gema Fernández trataba de ordenar sobre la mesa de la sala de profesores los documentos y las carpetas que minutos antes había sacado del despacho de dirección del instituto Augustóbriga, de Navalmoral de la Mata, que ha ocupado en los tres últimos años. Acababa de ser desalojada del mismo por la Guardia Civil, a la que recurrió la Consejería de Educación a través de la subdelegación del Gobierno, para terminar con la situación que ha generado su negativa a abandonar el cargo por entender que las actuaciones que se vienen realizando carecen de legalidad. El litigio continuará ahora en los tribunales, donde tiene presentadas varias denuncias y querellas.

La semana empezó en el instituto moralo como terminó la anterior: con la directora no renovada atendiendo en solitario a los padres y a los jóvenes que acudían a hacer algún trámite y el nuevo equipo directivo y el personal no docente concentrados en el exterior del recinto. También se repetía la presencia de agentes de la Guardia Civil y del jefe del servicio de Inspección de Cáceres, Pedro Pablo Alonso, acompañado por un asesor legal.

Una prueba fehaciente

Sin dejar de atender a los usuarios, Fernández explicó a HOY que ella había ido a cumplir con su obligación, «como todos los días», puesto que se considera la directora del instituto «al no haber recibido ningún documento oficial, ninguna prueba fehaciente, que diga que no lo soy». De palabra se lo repitió ayer el inspector, exigiéndole que se fuera. Sin embargo no le reconoce como autoridad educativa «puesto que está en marcha un proceso legal del que está informado, y aún así persiste en este acoso laboral».

Por último lamentó que la consejera de Educación, Eva María Pérez -a quien ha puesto una querella- siga «callada y consintiendo las irregularidades que se están cometiendo».

Minutos después de hacer esas declaraciones se incrementó de forma notable la presencia de efectivos de la Guardia Civil ante la llegada del capitán del cuartel de Navalmoral, que de inmediato se reunió con Gema Fernández. Eso hizo lo que los usuarios que esperaban estuvieran muchos minutos sin atender, hasta que se dio instrucciones al personal administrativo para que se pusiera a trabajar, normalizándose la situación en breve.

Hasta la una de plazo

Pasadas las once se supo que se le había dado de plazo hasta la una para desalojar voluntariamente el despacho, ya que en caso contrario se haría por la fuerza. No resultó necesario puesto que poco a poco fue trasladando sus enseres a la sala de profesores. Cuando terminó, el inspector anunció al nuevo equipo directivo que ya podían tomar posesión y empezar a trabajar. Mientras lo hacían, la directora saliente avanzaba nuevas acciones legales, sin especificar, al insistir en su confianza en el Estado de Derecho.