600 MW eólicos, la cuarta parte de los pedidos

Aunque las solicitudes de postes de energía eólica suman 2.706 megavatios, el Gobierno regional estima que finalmente no se instalen más de 600, debido al escaso potencial de viento que hay, y a que las empresas piden más concesiones de las que están dispuestas a utilizar.

El Consejo de Gobierno hará públicas las autorizaciones a finales de julio o primeros de agosto, anunció ayer el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro. Son 91 los parques solicitados por un total de 19 empresas, que en estos momentos se encuentran en fase de información pública hasta mediados de junio; para aumentar la información, parte de los proyectos están disponibles en Internet.

Navarro insinuó ayer que muchas de las solicitudes ni siquiera van a superar la evaluación de impacto ambiental, como ya pasó con el primer intento el año pasado. Además no todos los parques que se autoricen llegarán a construirse, «pues en el sector de la generación de energía eléctrica, ante la dificultad para obtener autorizaciones, es habitual que un promotor presente más solicitudes de las que pretende realmente desarrollar». Por otro lado, en algún caso será la falta de líneas para evacuar la energía producida la que impida que el parque sea viable.

Red Eléctrica, titular de las líneas de transporte, está a la espera de que la Junta le comunique los parques autorizados, a fin de hacer un estudio conjunto de la evacuación de la energía en la red.

Si se alcanzan los 600 megavatios instalados eso supondría el dos por ciento del total nacional de energía eólica.

La energía eólica en Extremadura «no va a ser ningún boom», avisa el socialista César Ramos.

El Partido Popular sigue en contra de las «limitaciones, exigencias y exclusiones» del actual decreto, que establece la creación, por cada megavatio instalado, de tres puestos de trabajo en otra actividad distinta pero dentro de la comarca. Anselmo Díaz Cabello, portavoz popular en este tema, está «preocupado» por los criterios que va a utilizar la Junta en la aprobación o denegación de parques, ya que el decreto no recoge puntuación ni baremo alguno.

«Vamos a ser muy exhaustivos en el análisis de las adjudicaciones, y en especial del apartado en que la Junta ha puesto más enfasis, el empleo; no vamos a tolerar componenda alguna».

La Junta, alega Navarro, verificará, antes de la puesta en marcha de los parques, que se ha creado el empleo comprometido, y asegura que va a ser rigurosa.