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EL incremento del paro en 37.542 personas en España durante el mes de abril, que fue de 777 en Extremadura, constituye la peor cifra registrada en el mismo mes desde el año 1996 y confirma que la recuperación que había experimentado el mercado laboral en Semana Santa constituyó un leve alivio en una tendencia que ha empezado a destruir puestos de trabajo. Aunque este repunte es inferior al contabilizado a principios de 2008, el desempleo crece por encima de las afiliaciones a la Seguridad Social -20.974- y empaña los óptimos resultados de las contrataciones tras un arranque de año también retraído.

Las distintas estadísticas ponen de manifiesto que mientras las nuevas ocupaciones en la agricultura, la industria y los servicios permiten compensar el aumento del paro en esos sectores, no ocurre lo mismo en la construcción. Su frenazo está suprimiendo empleos directos y ha comenzado a afectar ya a las actividades auxiliares, sin que las recolocaciones favorecidas por el impulso a la obra pública y a la rehabilitación de edificios parezcan capaces de devolver al mercado laboral el dinamismo propio de una década larga de 'boom' inmobiliario.

Este deterioro acelerado del empleo, reconocido por el vicepresidente Solbes, evidencia que si bien nuestro país ha sido capaz de generar puestos de trabajo hasta niveles propios de los países más avanzados, también lo ha hecho sobre la base de un modelo excesivamente dependiente de la construcción y lastrado por una volatilidad que ahora refleja sus consecuencias más inquietantes. El superávit fiscal podrá mitigar el efecto de los nuevos costes sociales derivados del paro; pero el Gobierno, la patronal y los sindicatos están obligados a buscar fórmulas que animen el empleo en sectores productivos.

En este sentido las declaraciones del ministro de Trabajo, el valverdeño celestino Corbacho, que ayer vinculó las expectativas inmediatas de empleo al esfuerzo que realicen las administraciones en la promoción de vivienda protegida y en la realización de obra pública y, por otra parte, trasladó parte de la responsabilidad de las políticas activas de empleo y formación a los ámbitos autonómico y local, evidencian que el Gobierno debe clarificar en qué consiste a su entender el cambio en el modelo de crecimiento y cuál es la distribución competencial idónea para que el Ejecutivo central, las autonomías y los ayuntamientos contribuyan de forma armónica a la generación de puestos de trabajo.