Vázquez apoya a los ganaderos de ibérico y afirma que autorregularse no es delito

Juan María Vázquez endureció ayer su discurso de defensa del sector extremeño del ibérico. Los últimos acontecimientos han hecho que el consejero de Agricultura subiera un punto su grado de firmeza desde que estalló la crisis del sector, en torno al verano pasado.

El lunes, el Jurado de la Competencia de Extremadura consideraba que los planes de la principal asociación de productores de la región podrían ser ilegales, puesto que -considera este órgano- planteaba un acuerdo para reducir producción con el objetivo de que se incrementaran los precios. Los miembros de este grupo, sin embargo, defendían que retiraban animales porque no podían hacer frente a los gastos.

Ayer, Juan María Vázquez aseguraba en Mérida que «no es ninguna consigna ni ningún delito» autorregular el sector cuando hay más oferta que demanda.

Además, opinó que el Jurado de la Competencia, que depende de la Consejería de Economía, debería investigar las irregularidades de los distribuidores del ibérico en vez de a los productores. Según dijo, le resulta especialmente «sospechoso» que la carne de cerdo ibérico no incremente su precio, mientras su consumo no ha decaído en la crisis.

Con estas palabras, el consejero se refería a los márgenes comerciales abusivos, otro de los 'caballos de batalla' del sector ganadero. Denunciaba éste que, mientras que los precios de los animales están cayendo en picado, los consumidores cada vez pagan más por la carne que compran en el comercio o las grandes superficies.

En el caso del cerdo, el encarecimiento alcanza el 450% entre el origen y destino, según datos del MAPA referidos a guarros ibéricos y blancos. Así, el productor recibe de media 1,45 euros por su producto, cuando el cliente final paga 5,89 por ese mismo kilo de carne. Por el camino se han quedado 4,53 euros, que no se sabe bien a qué bolsillos han ido a parar.

Por eso, Vázquez insistió en que este jurado debe investigar a estos entramados, que están «concentrados», en vez de a los productores, que se encuentran «muy dispersos» en la geografía. Con estas palabras, hacía suya otra de las denuncias de los ganaderos. Hay muchos vendedores y muy pocos compradores, que por ello pueden fijar a su antojo las condiciones de las operaciones comerciales.

Vázquez concedió que el sector del ibérico está atravesando una crisis, al igual que el ganadero en general, pero apuntó que las crisis suelen ser cíclicas. Sin embargo, reconoció que hace tiempo que no se producía una crisis «tan profunda y tan duradera», que se agrava con la crisis económica internacional.

En este sentido, confió en que el sector ganadero debe aprovechar este momento de crisis para «salir de ella fortalecido» mediante el establecimiento de estructuras productoras y transformadoras que permitan que, en el futuro, la crisis no venga de forma «tan profunda», como se hizo en su momento en el sector del tomate en la región.

En otro orden de cosas, el consejero pidió al sector un «mínimo de confianza» sobre la Norma de Calidad del Ibérico, pero añadió que, de «no cumplirse», la región podría estudiar «salirse» de la misma y «crear una identificación geográfica protegida».

Afirmó que es «una buena» norma e indicó que el problema está en que «cuando no se cumple, la norma deja de ser buena». A este respecto recordó que es «muy joven», ya que se modificó el año pasado a petición del sector extremeño.

«Vamos a dar un margen mínimo de confianza y si vemos que no se cumple con el rigor necesario, desde la región se estudiaría salirse de la norma y crear una indicación geográfica protegida», aseveró; aunque añadió que «hay que ser sensatos y esperar», ya que su opinión es que «si se consigue que se cumpla con rigor la norma, ayudará al ibérico extremeño».

Normativa

Como es sabido, la Norma de Calidad es la legislación básica del sector. Fue promulgada en el año 2001, pero su funcionamiento no ha sido el deseado. Además, los posteriores reglamentos de desarrollo ocasionaron una dispersión legislativa. Eso se intentó solucionar el pasado año, cuando se aprobó una reforma.

Básicamente, la ley modificada trataba de mejorar los mecanismos de control de calidad. Incluía un listado de municipios de Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha en los que sólo se podría criar animales en extensivo alimentados en la dehesa. Con ello se intentaba evitar que en Cataluña y Murcia se usara esta denominación.

Otra de las novedades era que se daba más credibilidad a las inspecciones sobre el terreno que a los análisis de ácidos grasos para determinar si un animal se había alimentado a base de bellotas.

Sin embargo, a decir de los profesionales del sector, no se ha conseguido eliminar la picaresca.