Un estudio dice que 18 guarderías privadas de la región son ilegales

Un estudio elaborado por profesores de la Universidad de Vic concluye que la mitad de las guarderías privadas extremeñas, 18 de las 35 en funcionamiento, son ilegales. Además, añade que en Extremadura no se cubre el 54% de la demanda de plazas de guarderías. En la región son necesarias 16.195 plazas frente a las 7.457 existentes.

El trabajo, recientemente publicado, se titula 'Calidad de los servicios para la primera infancia y estimación de la demanda' y ha sido realizado por encargo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En él se analiza abundante información sobre este tipo de servicios para niños de cero a tres años facilitada por las propias comunidades autónomas.

Los autores detallan que las 18 guarderías privadas que no se ajustan a la legalidad sólo disponen de la licencia municipal y no se han sometido a una inspección adecuada. Montserrat Belloch, psicóloga que ha participado en la investigación, aclara que «se necesita cumplir una serie de requisitos y disponer de un certificado de Sanidad o Educación». El problema es que algunos centros no abren sus puertas como guarderías, pero acaban ofreciendo sus servicios sin los controles necesarios. Ante ello la Administración autonómica, confiesa Belloch, tiene poco que hacer, «pues en sus papeles no aparecen como guarderías».

Si una familia quiere tener la seguridad de que la guardería a la que lleva o va a llevar a sus hijos se ajusta a la norma, «sólo tiene que pedir ese certificado de control y no conformarse con la licencia de apertura. Con todo, -explica la profesora- basta fijarse en aspectos como el número de niños que atiende cada cuidador o monitor. La ratio debe de ser de un máximo de 8 niños de hasta un año por monitor; de 13 niños en el caso de edades comprendidas entre los 12 meses y los dos años; o de 20 si los niños tienen de dos a tres años».

Educación

La Consejería de Educación no tiene constancia de que haya guarderías en Extremadura que incumplan la ley. Según la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, los llamados centros de educación infantil se rigen por un decreto de ámbito nacional que les obliga a pedir una autorización a Educación para empezar a funcionar. Cuando un ayuntamiento o una empresa privada quiere abrir una guardería, la Consejería envía a los técnicos para comprobar que cumplen los requisitos legales.

Sin embargo, la propia Consejería reconoce que hay centros de ocio y tiempo libre o parques infantiles a los que no se aplica esa normativa. Son los establecimientos donde los niños juegan con bolas o donde son cuidados mientras los padres compran, van al cine o al gimnasio.

El permiso de apertura de estos centros no depende de Educación, que tampoco controla si se utilizan sólo como lugares esporádicos de juego o como guarderías encubiertas. La Consejería no tiene constancia de que esos centros sean escuelas infantiles, por lo que no están controlados ni inspeccionados como tales. Educación no sabe si son los ayuntamientos o las autoridades de Consumo los responsables de llevar a cabo ese control. No obstante, la regulación de las escuelas infantiles cambiará con la publicación de un nuevo decreto que sustituirá al anterior. Encuesta ¿Las guarderías deben someterse a un mayor control por parte de la Administración?