El secretario general del PSOE es consciente de que la polarización extrema de los dos partidos mayoritarios durante su primer mandato tuvo un coste para lo que ayer llamó «grandes afanes colectivos de los españoles». Y se mostró persuadido de que no se puede soslayar más el entendimiento mutuo. De ahí que, además de prometer un Gobierno para todos, «en diálogo con todos» y «con respeto a todos», se dirigiera con «particular énfasis» al PP e hiciera una apelación personal a su presidente, Mariano Rajoy.
Rodríguez Zapatero empleó, para pedir la confianza de las Cortes a su proyecto, una coletilla insistente: «esa es mi idea de España». Casi 50 veces pronunció el presidente en funciones el nombre del España. Hace cuatro años sólo lo hizo en 24 ocasiones. Un hincapié con el que quiso demostrar que aspira a acabar con las diferencias entre regiones y entre personas, y con el que pretendió emplazar a las demás fuerzas políticas a «forjar instituciones que garanticen la unidad y encaucen la diversidad de un país unido y diverso».
Su discurso fue una proyección reducida, pero exacta, del programa electoral socialista. Hubo pocas referencias al terrorismo, pero apuntaló una idea: «ETA sólo tiene un destino, que es poner fin a su barbarie criminal definitiva e incondicionalmente». Sin hablar de un pacto escrito concreto, miró hacia los populares para «reafirmar» su compromiso a acabar con la banda y se dirigió a las fuerzas minoritarias para agradecerles su apoyo al diálogo fallido y pedirles ahora su participación en una nueva estrategia antiterrorista compartida con el primer partido de la oposición.
Modernizar la justicia
Más explícito se mostró al poner sobre la mesa la necesidad de un acuerdo «urgente» en materia de Justicia, uno de los terrenos más enfangados de la legislatura anterior, en la que los planes de modernización socialistas se vieron abocados al fracaso por la bronca con el PP y las diferencias con el modelo defendido por los nacionalistas. No se trata sólo de acometer la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace año y medio, sino de acometer toda una reforma procedimental.
Rodríguez Zapatero buscó aquí remover conciencias y apeló al reciente caso de Mari Luz, la niña gitana presuntamente asesinada por un pederasta que debía estar en prisión, para pedir el apoyo al «fortalecimiento» de los tribunales superiores de justicia, la modernización del recurso de casación o el desarrollo de los consejos autonómicos de justicia, entre otras reformas pendientes. «Estoy seguro de que nadie escatimará su colaboración leal para evitar la impotencia y el dolor que hemos vivido estos días ante trágicos fallos del sistema», dijo.
El cuarto acuerdo al que se refirió el líder del PSOE, al margen de la coordinación en los objetivos de la presidencia española de la UE, deriva también de los compromisos adquiridos en su primer mandato. Rodríguez Zapatero, que se ha propuesto evitar por todos los medios que el debate territorial vuelva a erosionar su acción de Gobierno, lanzó varios guiños al PP y, de paso, dio al traste con las aspiraciones de algunos gobiernos autonómicos, entre ellos el de la Generalitat, al insistir en que se reservarán en exclusiva para el Estado los recursos provenientes del Impuesto de Sociedades para garantizar «la unidad de mercado».
Afirmó que el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas asegurará la suficiencia financiera de todas ellas, pero también del Estado, que mantendrá, al menos, el 50% del gasto público. Zapatero reconoció que la situación financiera de las entidades locales también requiere una reforma a fondo «vinculada a la del sistema general de financiación autonómica».
Situación económica
El espíritu pactista fue el mar de fondo en el discurso de Rodríguez Zapatero, que arrancó su intervención con una batería de medidas concretas para hacer frente a la coyuntura económica. De hecho, la economía fue el apartado al que más tiempo dedicó durante la hora y veinte minutos que duró su intervención. Ocho folios para asegurar que la promesa, hecha en campaña, de materializar sus compromisos sociales sigue incólume. No habrá, dijo, necesidad de subir impuestos ni de imponer recortes sociales.
El presidente del Gobierno en funciones admitió que España no se librará de las «turbulencias» que afectan a la economía mundial y admitió debilidades específicas del país como las dificultades en el sector de la construcción de vivienda, el déficit por cuenta corriente y la inflación. Aún así, insistió en que la economía española está «amortiguada» gracias a la política presupuestaria y los superávit acumulados en los últimos años.
Las recetas ya conocidas
Pero no ofreció más recetas para afrontar el bache que las anunciadas en campaña. A corto plazo: la devolución de 400 euros en el IRPF, adelanto en las devoluciones del IVA a las empresas, medidas de apoyo a la construcción y soporte a las familias con problemas para pagar sus créditos hipotecarios.
A medio plazo, prometió incrementar la productividad, llevar a cabo una política fiscal «cauta y prudente» y mantener un «diálogo permanente» con los agentes económicos.
Un discurso conciliador, en suma, que buscó para limar asperezas y abrir una nueva senda de diálogo con la vista puesta en el futuro. «Será bueno que podamos rectificar el pasado y escuchar a los españoles; yo estoy dispuesto a corregir y mejorar», dijo.









