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MULTA DE 59,6 MILLONES

El sector del vino pide acabar con el viñedo ilegal

Las cooperativas y organizaciones agrarias (CCAE, ASAJA, COAG y UPA) y la Asociación de Bodegas de Vinos de España (AVIMES) piden a la Administración más diligencia para terminar con el viñedo ilegal, mientras que la Federación Española del Vino (FEV) consideró que no tiene sentido mantener la prohibición de plantaciones si hay gente que quiere plantar.

EFE |

Miércoles, 9 de abril 2008, 16:06

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Las cooperativas y organizaciones agrarias (CCAE, ASAJA, COAG y UPA) y la Asociación de Bodegas de Vinos de España (AVIMES) piden a la Administración más diligencia para terminar con el viñedo ilegal, mientras que la Federación Española del Vino (FEV) consideró que no tiene sentido mantener la prohibición de plantaciones si hay gente que quiere plantar.

La Comisión Europea (CE) exigió ayer a España la devolución de 54,9 millones de euros por la plantación ilegal de viñas, sobre todo en Extremadura y Castilla-La Mancha, por no controlar el cultivo de vid no autorizada durante las campañas 2003 y 2004.

Un portavoz de la CE ha recordado que el cultivo de vid está limitado por los "derechos de plantación" y según la decisión aprobada hoy, se registraron "carencias" en los controles de este tipo de regulaciones.

El director general de la FEV, Rafael del Rey, señala que la corrección financiera de la UE pone de manifiesto la gran incongruencia de mantener en España el régimen de prohibición de plantaciones cuando unos quieren plantar y otros están interesados en arrancar con ayudas públicas, por lo que defendió la libertad de plantaciones.

Aclara que no tiene sentido y es poco serio mantener esta prohibición -la FEV está prácticamente sola pidiendo su abolición-, cuando está claro que ha habido viticultores y bodegueros a los que les ha interesado plantar.

Por su parte, el secretario general de AVIMES, Rafael Puyó, que "esperaba" la multa, echa la culpa de la misma a la Administración, en concreto a las regionales responsables de controlar el potencial productivo, y pide que, "de una vez por todas se reconduzca la situación de los viñedos ilegales".

Puyó reclama que se termine con las viñas ilegales y que se fije ya la "foto objetiva del catastro vitivinícola", porque es lamentable que diez años después esta situación persista, en referencia a que todo viñedo plantado desde el 1 de septiembre de 1998 sin derechos se considera ilegal y es obligatorio su arranque.

Esta última opinión es compartida por las cooperativas y organizaciones agrarias que además pidieron que se solvente la situación de ilegalidad, puesto que hay muchos viticultores que han hecho sus deberes y el hecho de que existan viñedos ilegales supone una competencia desleal.

El técnico de vinos de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), Nicolás Gómez, lamenta la dejadez de la Administración que ha permitido esta ilegalidad y que no ha vigilado el cumplimiento de la normativa.

No obstante, recuerda que todavía puede haber viñedo en situación irregular, sin derechos de plantación y plantado antes del 31 de agosto de 1998, que, frente al ilegal (plantados con posterioridad al 1 de septiembre de 1998), sí tiene posibilidades de regularización.

El técnico de vino de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), José Ugarrio, insiste en destacar que en la mayoría de las Comunidades Autónomas se han hecho los deberes y los viticultores que estaban en situación irregular han hecho un gran esfuerzo, que "no ha sido suficiente", por contar con los derechos pertinentes.

No obstante, recuerda que la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del vino, según los últimos borradores de aplicación, da una nueva oportunidad a los viñedos irregulares, que no ilegales.

El responsable vitivinícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Alejandro García-Gasco, resalta que "es una pena" que un tema que lleva coleando ya diez años aún acarreé sanciones a España.

"Es una falta de responsabilidad de la Administración que no ha perseguido a esos viticultores", destaca García-Gasco, quien apunta que mantener los viñedos ilegales supone una competencia desleal para los que sí hacen bien las cosas y un agravio comparativo.

El técnico de vinos de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), José Manuel Delgado, se muestra contundente al afirmar que al viticultor que no cumple con su obligación y sigue con viñedos ilegales hay que arrancarle sus viñas, en cumplimiento con la normativa comunitaria.

Respecto a la posibilidad de poder regularizar viñedo, Delgado critica la ventaja competitiva que puedan tener los viticultores que, habiendo podido hacerlo años atrás, lo realicen en este momento, cuando los derechos de plantación han bajado mucho ante la "amenaza" de la futura liberalización.

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